El reciente pedido del presidente Rafael Correa a la Asamblea Nacional, para que otorgue una amnistía en favor del ex vicepresidente Alberto Dahik, destapó un baúl de recuerdos.
Desde el retorno a la democracia, en 1979, estos pedidos de perdón y olvido han sido frecuentes. Sus beneficiaros han argumentado que los procesos penales en su contra, básicamente por peculado, han sido utilizados como forma de presiones políticas.
Abdalá Bucaram, Frank Vargas y Gustavo Noboa, incluso, han señalado al ex presidente León Febres Cordero como el gran perseguidor. Dahik se suma también a esta lista.
Sin embargo, figuras políticas de los años 80 y 90, como Vladimiro Álvarez, ex diputado de la DP y ex ministro de Jamil Mahuad, concluye que estos procesos de amnistía más que buscar la paz en el país, “ya que esa es la única función de esta figura”, se han dado en medio de intereses políticos coyunturales.
En ese sentido, cree que el pedido de Correa para favorecer al ex Vicepresidente sigue esa misma lógica. “Correa no puede pedir amnistía para Dahik declarándolo inocente por su cuenta”. Álvarez insiste en que este caso está funcionando como un mero globo de ensayo del Gobierno.
Cuatro episodios de la historia reciente del país
La ID y el PSC amnistiaron a Bucaram dos veces
El ex presidente Abdalá Bucaram ha sido el político del último período democrático que ha recibido dos amnistías. Ambas, sin embargo, fueron posibles con los votos de los dos partidos a los que Bucaram ha considerado sus peores adversarios.
El llamado bloque progresista del Congreso de la época, integrado por 39 de los 68 diputados, lo salvó la primera vez. La ID, que contaba con 17 votos, casi la mitad de esa bancada opositora al gobierno de León Febres Cordero, dio paso a la amnistía del entonces ex Alcalde de Guayaquil quien estaba asilado en Panamá desde 1985 por un juicio de las FF.AA. y otro de la Contraloría por supuesto peculado.
Luego de la primera amnistía comenzó la carrera de Bucaram por la Presidencia, desde 1988.
El 5 de octubre de 1990 el Congreso volvió a amnistiar a Bucaram, luego de que en el gobierno de Borja se retomara el juicio de la Contraloría.
En 1990, el PSC salvó a Bucaram . El argumento central de la resolución, que se aprobó con mayoría simple (37 votos de 44 presentes), fue que la Justicia no ha resuelto este caso de manera oportuna. Por esta amnistía fueron agredidos los diputados Jamil Mahuad, Alberto Dahik y Vladimiro Álvarez
Frank Vargas y los comandos de Taura de 1987
El mismo día en que la ID y su bloque progresista, opositor a León Febres Cordero, concedieron amnistía para Abdalá Bucaram, hicieron lo propio con el entonces ex comandante de la FAE, Frank Vargas Pazzos, quien en marzo de 1986 se había alzado en armas contra el Gobierno. El militar fue tomado preso.
La resolución en su favor fue impulsada por su hermano, René Vargas, entonces diputado de la DP.
Sin embargo, el Régimen de Febres Cordero obvió la decisión del Pleno, por lo cual en enero de 1987 el entonces Presidente fue secuestrado en la Base Aérea de Taura, por unos comandos leales a Frank Vargas, como una forma de presionarlo para que lo liberaran.
La acción de los comandos fue exitosa: Vargas quedó libre y arrancó su actividad política, que incluyó tres presidenciales.
Pero los comandos de Taura no corrieron con la misma suerte. Pese a que en diciembre de 1998 el presidente Rodrigo Borja los benefició con la Ley de Gracia, nunca hubo resultados concretos. Por esta razón, Vladimir Vargas, hijo del ex militar, impulsó el pedido de amnistía para los comandos de Taura en la Asamblea de Montecristi.
“Han pasado mas de 22 años y aún no vemos resultados”.
Perdón para los golpistas del 21 de enero
Los civiles y militares que participaron en la asonada del 21 de enero del 2000, que puso fin al gobierno de Jamil Mahuad, también fueron amnistiados por el Congreso de la época.
El presidente Gustavo Noboa hizo formalmente este pedido el 12 abril de ese año y, luego de 50 días, el Parlamento tomó una decisión. Lo curioso con esta amnistía fue que la Democracia Popular, el partido que había caído del poder con Mahuad, propuso la moción ante el pleno que terminó reuniendo los votos de casi todo el hemiciclo, con excepción de 24 diputados del PSC y uno de la DP. Se registró la abstención de la también socialcristiana Susana González.
Según Ramiro Rivera, entonces jefe de la bancada demopopular, la fórmula que él mocionó aceptaba que el Congreso diera una amnistía política a quienes participaron en el golpe, pero “sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que las FF.AA. debían aplicar para los coroneles y otros militares insurrectos”.
Rivera reconoce que con esta medida su partido, que era el más grande en el Congreso, quiso dar una imagen de no resentimiento con los sucesos del 21 de enero y “colaborar con el presidente Noboa”. 123 personas se beneficiaron de este acto.
Montecristi terminó con el juicio contra Noboa
El juicio penal que León Febres Cordero impulsó en contra de Gustavo Noboa, en el 2003, por supuestas irregularidades en la renegociación de la deuda externa, le significó al ex Presidente un asilo político de dos años en República Dominicana.
Su defensa siempre argumentó una persecución política por parte del entonces líder del PSC, quien desde el Congreso impulsó esta denuncia. Fue de las últimas actuaciones políticas del ex Mandatario ahora fallecido.
Tras regresar al país en el 2005, y una vez que se reabrieron los juicios que la ‘Pichi’ Corte había declarado nulos, Noboa estuvo bajo arresto domiciliario en Samborondón. La nueva Corte, no obstante, continuó el proceso en su contra pero ya no como presunto autor del delito por el manejo de la deuda, sino como “encubridor”, figura en la que no era necesaria la prisión.
Su abogado, Joffre Campaña, dice que sobre este caso, cuando estaba en camino una apelación, la Asamblea Constituyente de Montecristi, en julio del 2008, concedió la amnistía. Dos colaboradores suyos también se beneficiaron de la medida. En Montecristi hubo amnistía también para tres ex gerentes de la AGD: Carlos Arboleda, Wilma Salgado y Luis Villacís.