Una polémica resolución se discutió ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 57 votos de 102 presentes, el oficialismo censuró “las actuaciones judiciales del la Fiscalía General y de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que (…) pretenden judicializar los actos y las decisiones de la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes y de sus ex integrantes, en relación con las amnistías otorgadas”, durante su mandato.
Dentro de estas amnistías está la que Montecristi concedió al dirigente ambientalista, Floresmilo Villalta, quien fue sentenciado por la violación de una menor de edad. El proceso de otorgamiento de esa y otras amnistías fue ratificado, a su vez, por seis jueces de la Corte Constitucional, a quien la Fiscalía les abrió un proceso por supuesto prevaricato.
En el proyecto de resolución que aprobó la Asamblea no solo se ratificó la condición de Plenos Poderes que tuvo la Asamblea de Montecristi. Sino que se “advirtió” que cualquier funcionario (fiscal o juez) que “persista en su inconstitucional, insólita e indebida actuación en contra de las decisiones de la Constituyente, se verán incursos en una expresa causal de destitución”.
Ayer en una entrevista en Ecuavisa, el segundo vicepresidente Rolando Panchana aseguró que esta resolución no implica una amenaza a las instancias de la justicia. Pero el asambleísta de oposición, César Montúfar, calificó de documento de absurdo. “Si el Fiscal comente cualquier exceso la Asamblea tiene la potestad de enjuiciarlo”. “Esta resolución solo demuestra la incapacidad que tiene el Legislativo para fiscalizar de manera autónoma”.