Los alcaldes del país llegaron ayer a Quito para exigir límites legales al proceso de revocatoria del mandato que se impulsa en contra de casi un centenar de burgomaestres.
No se fueron con las manos vacías. La Asamblea dio paso al trámite de un proyecto de ley para regular las revocatorias presentadas por los alcaldes.
En la mañana, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) se reunió de forma urgente para analizar las dos propuestas legales, que buscan reformar la Ley de Participación Ciudadana.
Esa norma garantiza la posibilidad de que los ciudadanos planteen la remoción del cargo de todas las autoridades de elección popular, solo con la recolección de firmas del 10% del padrón electoral del lugar en el que se plantea la revocatoria.
Una de las ideas es que solo se pueda pedir la salida de un alcalde o concejal si no ha cumplido el 10% del plan de trabajo que presentó en el CNE y luego de haber cumplido su primer año. “No nos oponemos a que existan las revocatorias, pero se nos tiene que permitir el derecho a la defensa”, dijo el presidente de la AME, Paúl Carrasco.