Fernando Alvarado pertenece a la pléyade de mentes lúcidas y corazones ardientes, cuya cultura política se quedó en el paleolítico o en un algún estadio primitivo de la humanidad, cuando aún no se diferenciaba lo público de lo privado.
El viernes dijo en una entrevista con Diego Oquendo que esas caricaturescas cadenas nacionales que produce la Senacom, el aparato de propaganda del Gobierno que él dirige, son la consecuencia de un derecho.
Es de suponer que se refería al derecho del Presidente y del Gobierno a responder a los periodistas que, con razón o sin ella, los critican.
Alvarado olvida o no sabe que cuando se pasa de lo privado a lo público se invierte la relación de los derechos y las obligaciones. Él y su jefe son funcionarios públicos y tienen que pensar primero en sus obligaciones frente a sus empleadores antes que en sus supuestos derechos. Y es obligación tanto de Alvarado como de su jefe respetar a quienes difieren con ellos, aunque tengan mil y una razones para no estar de acuerdo.
Alvarado piensa que por encima de su obligación de respetar y aguantarse lo que digan de él y de su jefe está el derecho de replicar todo aquello que considere que no es justo.
Es tan patética esta distorsión entre lo público y lo privado, que la Senacom llegó a sacar al aire una cadena para denostar al columnista Emilio Palacio por lo que se suponía que era un tema privado del ciudadano Rafael Correa.
Usar una cadena pública en un tema privado es disponer, de manera indebida, de fondos del Estado.