La periodista cubana Alondra Santiago, cuya visa fue recientemente revocada en Ecuador, asegura que hay intentos del Gobierno ecuatoriano de restringir el acceso a la información en el caso de la revocatoria de su visa.
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Santiago, conocida por sus reportajes críticos, sostiene que estas medidas son una clara violación del derecho a la información.
En una declaración del lunes 8 de julio, Santiago afirmó: “El gobierno trata de tapar sus acciones para que nadie se entere de que están vulnerando derechos. En una nueva argucia por parte de los abogados del Gobierno, pretenden que las audiencias sobre mi caso, que hasta ahora han sido públicas, sean privadas y que nadie tenga acceso a la información”.
Intentos de restricción según Alondra Santiago
Según Santiago, los representantes legales del gobierno están solicitando que la jueza del caso declare privadas las audiencias y que se prohíba la difusión de cualquier información presentada en ellas. Santiago describió estas acciones como “otra violación al derecho a la información”.
“El gobierno no quiere que el mundo se entere que no tienen nada en mi contra y que todo ha sido un invento. La libertad de expresión debe prevalecer. Y sé que prevalecerá”, agregó la periodista en su mensaje.
Audiencia suspendida
La audiencia programada para tratar su caso fue suspendida este 9 de julio de 2024, lo que Santiago interpreta como una estrategia para retrasar el proceso y limitar la exposición pública del mismo.
“Confío en que luego de este tiempo la decisión falle a favor del derecho y las libertades”, expresó la periodista.
¿Se puede restringir el acceso al público a su audiencia?
Edison Guarango, abogado constitucionalista, explicó que la acción de protección es una garantía jurisdiccional regulada por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Guarango subrayó que, por regla general, todos los procesos de acción de protección son públicos, salvo dos excepciones.
Según el artículo 4, numeral 12, una de las excepciones es cuando la seguridad del Estado podría verse comprometida. En este contexto, el Gobierno podría estar buscando mantener la audiencia privada debido a un informe reservado que fundamentó la revocación de una visa anteriormente.
Guarango consideró que el juez, al aceptar este pedido de privacidad, actuaría conforme a derecho, ya que el Estado tiene un sustento legal basado en la confidencialidad del informe.
“El juez estaría en caso de acoger este pedido, pues estaría actuando conforme a derecho,” señaló. La decisión de mantener la audiencia privada se alinea con el artículo 4, numeral 12 de la ley mencionada, garantizando así la protección de la seguridad estatal en temas sensibles.
Diario EL COMERCIO pidió información a la Cancillería de Ecuador sobre la supuesta audiencia del caso Alondra Santiago que se quiere hacer privada. Sin embargo, no se recibió lo solicitado por parte de esta Cartera de Estado.