En el quinto punto del orden del día se iba a tratar una resolución del frente ‘correísta’, pero el debate acabó antes. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El ‘correísmo’ legislativo trató de llevar al pleno de la Asamblea Nacional el debate sobre la consulta popular.
Pabel Muñoz, uno de los dirigentes de esa facción, propuso que se incluyera en el debate del Pleno el análisis de una de las siete preguntas propuestas por el Ejecutivo. Es la relacionada con el cese de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Los ‘correístas’ esperaban que se aprobara una resolución suscrita por 22 legisladores. El argumento fue que si se da paso a los cambios propuestos, el Consejo Transitorio que se instalaría mientras se elige a los titulares del Cpccs, vía votación popular, podría prolongarse seis años. Además, que se atribuiría las competencias de fiscalización y control político que es de
los legisladores.
Pero la resolución ni siquiera llegó a debatirse. La sesión del Pleno se suspendió, por disposición del presidente de la Asamblea, José Serrano, antes de que se tratara la propuesta.
Así, por primera vez, esa facción del oficialismo se puso momentáneamente en los zapatos de la oposición, que desde el inicio del período actual legislativo no había logrado un cambio en el orden del día.
El asambleísta Fabricio Villamar, del movimiento de oposición Creo, había alertado antes sobre lo contraproducente de que se debata la pregunta tres de la consulta en esa instancia. Se podría leer -a su juicio- como una injerencia del Poder Legislativo.
“Dejemos que la Corte Constitucional se pronuncie en libertad”.
Villamar también presentó una propuesta ante el Pleno para evitar la discusión de la propuesta ‘correísta’, pero no logró la votación suficiente.
Audiencia en la Corte
Para este miércoles, 15 de noviembre, está prevista la instalación de la audiencia pública de una parte de la consulta popular. 44 actores se inscribieron para intervenir. Casi todos tendrán 10 minutos para exponer sus observaciones de cinco de las siete preguntas.
Solamente quien propuso la consulta (el representante del Ejecutivo) contará con 20 minutos en el inicio de la audiencia y 10 minutos más al finalizar, para dar sus argumentos.
Por la cantidad de personas que participarán, lo más probable es que la sesión se prolongue más de un día. En la lista de inscritos están las asambleístas Verónica Arias, Gabriela Rivadeneira, Marcela Aguiñaga, Pamela Aguirre, Soledad Buendía, Sofía Espín. También Carlos Ochoa, titular de la Supercom, Edwin Jarrín, vicepresidente del Cpccs, Fernando Cordero, superintendente de ordenamiento territorial y gestión de suelo.
Organizaciones sociales a favor y en contra de la iniciativa del Gobierno se han convocado fuera de la Corte Constitucional, para manifestarse.
Luego de la audiencia, la jueza Tatiana Ordeñana, a cargo de esa parte del proceso, podrá tomar en cuenta los aportes que considere necesarios para incluirlos en su resolución. Esta, a su vez, deberá ser remitida al Pleno de la Corte Constitucional, para la calificación de las preguntas.