¿A qué juega Alianza País (AP) con el proyecto de Ley de Comunicación? Pese a que existía un texto alternativo, la Comisión ocasional empezó a aprobar a toda velocidad un articulado que reitera la intención de controlar y sancionar a los medios privados, sin tomar en cuenta los tratados internacionales sobre libertad de expresión ni el acuerdo de diciembre.
Al insistir en exigir que la información sea veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural, se refrenda el desfase de la Constitución con la normativa internacional, que considera inaceptable que el proceso informativo deba someterse a unos requisitos que en este caso cumplirán el papel de la censura previa.
¿Quién determinará que la información cumple esas cinco condiciones? Por supuesto, el Consejo de Comunicación, que tendrá participación del Ejecutivo y con ello violará el precepto constitucional de que no se puede ser juez y parte. Si es el responsable de los llamados medios públicos (más bien dicho, gubernamentales), no puede integrar tal Consejo.
El proyecto de ley también manipula principios como la cláusula de conciencia y la protección contra la censura al convertirlos en motivo de reclamaciones laborales.
¿Habrá que esperar a que el proyecto pase a segundo debate en el Pleno o a que se convierta en Ley, para que afloren las voces sensatas de AP frente a esta Ley Mordaza?