La protesta del jueves pasado en el Regimiento Quito y el dramático rescate del presidente Rafael Correa del hospital de la Policía dejaron en segundo plano los problemas internos de la bancada oficialista de Alianza País.Como consecuencia el tema que quedó latente es la posibilidad de que el Jefe de Estado convoque a la muerte cruzada. Esta versión tomó fuerza la noche del miércoles último.
La idea nació luego de la votación del bloque en la Ley de Servicio Público. No se allanó al veto sobre la jornada de trabajo de médicos y enfermeras (ocho horas), y que la renuncia obligatoria no sea pagada con bonos del Estado.
El motivo: pese a que se había decidido que todos se abstendrían en esos puntos, solo 19 legisladores cumplieron. Algunos argumentaron confusión porque la presidenta de la Mesa de Derechos de los Trabajadores, Nivea Vélez, presentó 22 mociones, entre allanamientos al veto y ratificaciones del texto original.Pero eso pudo haberse solucionado con la ‘polla’ o guía que entregó Aminta Buenaño, esa tarde.
Algunos oficialistas coincidieron con el Ejecutivo en que era el momento de aplicar la muerte cruzada. El mecanismo constitucional permite a Correa disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas.
Pero la sublevación de la Policía cambió el escenario. El viernes, cuando la calma volvió a los cuarteles y el Gobierno asimiló los efectos de la protestas, se decidió que es mejor llamar a la unidad y no insistir en la muerte cruzada.
Esto pese a que el malestar persiste. Juan Carlos Cassinelli, uno de los coordinadores de País, aclara que el Presidente tiene derecho a cambiar de opinión. Pero insiste en que el mecanismo debe implementarse ya, pues es evidente que hay problemas internos.
“No porque no votamos en línea sino porque nos pasamos 15 y 20 horas debatiendo en talleres sobre nuestra posición en el Pleno y luego hubo compañeros que dijeron tener otros compromisos”.
Él se refiere a las dos reuniones que el bloque mantuvo con Correa, en Carondelet. En ellas se decidió la forma de votación en los vetos a las leyes de Educación Superior, Código de Ordenamiento Territorial (Cootad) y Servicio Público.
Una fuente del Palacio de Gobierno aseguró, el miércoles pasado, que el jefe de Estado estaba muy molesto por la actuación de su movimiento. Ya que previamente se había logrado un consenso en torno a todos los artículos de la Ley.
Para César Rodríguez, otro coordinador de Alianza País, la muerte cruzada pudiera ser un instrumento legítimo si el presidente Correa cree que ese escenario traerá más gobernabilidad y ratificaría su mandato.
Él no niega que en País “se rompió la organización”. Pero cree que el tema debe resolverse internamente y ratifica que sus asambleístas están comprometidos con el proceso de cambio. Esto se demostró durante la crisis de la semana, cuando todos los legisladores del movimiento respaldaron al Gobierno.
Esto, a pesar de que el Primer Mandatario acusó el jueves último a sus propios asambleístas de conspirar en su contra. En declaraciones dadas al canal estatal Ecuador TV desde el hospital de la Policía, señaló: “Con dolor tengo que decirlo, no solo de la oposición, son compañeros nuestros mismos, muchas veces fruto de indecisiones y dilaciones, de no comunicar bien las cosas”. Por ello, ratificó que está “pensando muy seriamente” convocar a la muerte cruzada.
Virgilio Hernández, coordinador del bloque, votó a favor de ratificar el texto original y no el veto en esas mociones polémicas.
Sin embargo, subrayó que se debe mirar la actuación del bloque oficialista dentro de un contexto más amplio. En estas dos semanas se votaron los vetos a tres leyes y “la respuesta fue unitaria en la mayoría de casos”.
Sobre la Ley de Servicio Público señaló que la bancada acogió los criterios en la mayoría de propuestas y defendió temas sensibles como que el 50% de las jubilaciones se pague con bonos y la otra mitad en efectivo. No obstante, todavía no se terminó de debatir todo el texto legal.
“Hubo discrepancias en la bancada. Coincidí en que cuando se establece la renuncia obligatoria no se les podía pagar con bonos”.
Su compañera de bloque Paola Pabón atribuyó la situación a la falta de diálogo interno. A las reuniones de bancada cada vez asisten menos legisladores, casi siempre van unos 12 de 56 asambleístas, manifestó.
Por eso hubo una confusión en la votación de la Ley de Servicio Público, aclaró. Este veto no fue analizado con Correa artículo por artículo, como se lo hizo con el Código Territorial.
Pabón recalcó que en esa cita solo se discutieron cuatro puntos del texto legal. Además, se acordó que los demás artículos se analizarían en el bloque, con apoyo de Dora Aguirre, otra coordinadora del movimiento, quien además es la vicepresidenta de la Mesa que estuvo a cargo de la ley.
Aunque ella también ratificó que el movimiento está unido en torno al respaldo total al presidente Correa. Sin embargo, admitió que luego del pedido de juicio al fiscal Washington Pesántez hubo un sacudón en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Por eso ve en la Convención Nacional el espacio para procesar la construcción de principios del movimiento gobiernistas.
Hoy vence el plazo para tratar el veto del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público. La Asamblea no convocó a una nueva sesión para debatir y aprobar el resto de la norma, por lo que entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley sin las reconsideraciones.
El viernes pasado, la presidenta encargada del Legislativo, Irina Cabezas, suspendió la sesión “por no tener las garantías”.