12 de January de 2012 13:24

Alianza Libertad también demandará la inconstitucionalidad de la reforma electoral

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Por violación a las reglas constitucionales, la bancada de Alianza Libertad anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional, cuando el veto del Ejecutivo a la reforma electoral entre en vigencia, por el ministerio de la ley, el 4 de febrero. Ayer, Dalo Bucaram (PRE) indicó que acudirá también a este organismo y además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las restricciones a la prensa, en el proceso electoral.

Paco Moncayo señaló el veto de esta reforma es inconstitucional porque se refiere a materias diferentes a las planteadas en el proyecto de ley, que estuvo a cargo de la Mesa de Justicia y Estructura del Estado, y que se aprobó en la Asamblea. Así se establece en el art. 138 de la Constitución.

Moncayo precisa que el veto legisla sobre el primer inciso del art. 164 de la Ley Orgánica de Elecciones, pese a que este inciso no fue debatido. En el proyecto se reformó el inciso segundo.

Además, Alianza Libertad argumentará que existe inconstitucionalidad en el método de asignación de escaños, de Hondt, para los asambleístas provinciales. El artículo 116 de la Carta Magna señala que para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres.

Con el sistema D’ Hondt, según Moncayo, el partido o movimiento que tenga el 50% de los votos podrá obtener el 75% de los escaños. Por ello, el primero de marzo del 2004, el Tribunal Constitucional, en su sentencia declaró su inconstitucional.

Un ejemplo: en las últimas elecciones, en Azuay, Alianza País obtuvo tres escaños; Sociedad Patriótica, uno; los socialistas, uno. Con el método D’ Hondt, habría ganado cinco asambleístas.

Además, los cuatro legisladores de Alianza Libertad rechazan la prohibición para que los medios de comunicación hagan reportajes o especiales, que pueden ser vistos como promoción directa o indirecta, a favor o en contra de los candidatos. Esto porque violenta el derecho a la libertad de expresión, el artículo 18 de la Constitución sobre el derecho de las personas a recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa… Y el art. 66, sobre garantías constitucionales, el derecho a opinar y expresar el pensamiento. También apelarán al art. 13 de la Declaración Interamericana de los derechos Humanos.

Los asambleístas también reclaman el hecho de que a través de su objeción, Rafael Correa eliminó la prohibición sobre el uso de recursos del Estado, lo que contraviene el art. 115 de la Constitución. Este prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles del gobierno para la campaña electoral.

Y que la nueva prohibición sea solo para los medios privados. “¿Qué pasará con los medios públicos?”, dicen.

Asambleístas como Jorge Escala, de MPD- Pachakutik, que acoge a 10 legisladores, no es viable intentar reconsiderar el veto a la reforma electoral, en la próxima sesión, prevista para el martes. Él estudia la posibilidad de plantear el cambio del orden del día y retomar el tema porque aún está pendiente la reconsideración. Sin embargo, realista, señaló que no es posible sumar 83 votos, sin el apoyo de Alianza País.

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