Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia. Foto: Archivo EL COMERCIO
Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, presentará este 13 de julio del 2016 la propuesta de consulta popular para evitar que quienes tienen cuentas en paraísos fiscales puedan ser autoridades públicas.
La solicitud la entregará a la Corte Constitucional, a las 09:00. Esto en concordancia con en el pacto ético planteado por el presidente Rafael Correa.
La idea nació tras la publicación de la investigación periodística internacional conocida como Panama Papers, que vinculó a tres funcionarios del Gobierno con empresas offshore, creadas en Panamá por la firma Mossack Fonseca. Luego se conocieron más nombres, en especial vinculados al sector petrolero.
El 24 de mayo pasado, en el informe a la Nación, el Mandatario hizo referencia, sin nombrarlo, a Guillermo Lasso, precandidato presidencial por el movimiento CREO, que también tiene capitales en Panamá.
A esta propuesta se sumaron rápidamente otros precandidatos como Dalo Bucaram, de Fuerza Ecuador, y Lenin Hurtado, de Unidad Popular. Mientras que los sectores de derecha, entre ellos el mismo Lasso y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, del PSC, rechazaron la propuesta, ya que tener capitales en paraísos fiscales no es un delito.
Nebot dijo el 25 de mayo, que quienes estén involucrados en la comisión de un delito comprobado no deben ser candidatos en absoluto, se trate de paraísos fiscales o no. Y César Monge, director Nacional de CREO, afirmó en ese entonces que la propuesta era dirigida en contra de Lasso para desacreditarlo.
Afirmó que su éxito en los negocios legales, que pagan impuestos y generan empleos, han traspasado las fronteras del país y agregó que esto es lo que no le gusta al presidente Correa. Este 13 de julio de 2016, el Frente Unidos, conformado por 14 organizaciones afines al Régimen, también anunció su respaldo a la propuesta del Presidente, de comprometerse a no candidatizar a personas que tengan dinero y empresas en paraísos fiscales.
Según Fausto Dután, cabeza de Amazonía Vive y presidente pro tempore del frente, la política no puede ser entendida como acción para el beneficio particular o el enriquecimiento ilícito, sino que debe ser transparente y ética.
Por ello, el frente ha decidido respaldar toda acción en contra de cualquier sentido de corrupción. Es necesaria la inversión en el país y que se manejen reglas claras, según Dután, y por ello considera “una tamaña contradicción” invertir en el extranjero, cuando el dinero que se queda en el país ayuda a mantener su equilibrio económico. Aunque aceptó que estos dineros pueden ser ingresos de buena fe, también puntualizó que otros pueden ser de dudosa procedencia.
Dután agregó que mantener dinero en paraísos fiscales, en donde hasta hace poco no se podía conocer qué personas tenían el dinero, ni cuánto, ni de qué forma, muestra que se piensa que Ecuador solo sirve para hacer dinero y luego llevarlo fuera.
En consecuencia, el Frente Unidos decidió pedir que todos los actores de cualquier bandera política o religiosa que se sumen a este pacto ético.
En la rueda de prensa también estuvo Óscar Bonilla, de Alianza País, quien también forma parte del secretariado del Frente Unidos. Él informó que en las provincias se están constituyendo frentes locales por el pacto ético e insistió que esta coalición es distinta a otras alianzas que hay en el país, porque el Frente Unidos busca una propuesta programática y no solo se concentra en candidaturas como el resto.
Para Bonilla, la corrupción es un problema endémico que afecta a todos los países, incluso en las democracias más desarrolladas. Por ello, dice que el combate debe ser de manera drástica. Según Bonilla, la legalidad de invertir en empresas ‘off shore’ o tener el dinero en paraísos fiscales es un tema, pero considera que la discusión se hace desde la ética, que es otro totalmente distinto.
Por eso recordó que la posición del Frente es impulsar la consulta popular “que ha decidido realizar el compañero Presidente” Rafael Correa. Confirmó que el Ejecutivo estaba puliendo la pregunta mediante la cual se consultará a la población si está de acuerdo en que se prohíba que todo funcionario público designado, contratado o electo por voto popular tenga dinero en paraísos fiscales.
Ya con la presentación oficial de la propuesta mañana se esperará la respuesta y aprobación de la Corte Constitucional para que pueda oficializarse la consulta popular que, según dijo Correa, se haría en las elecciones generales del 2017 y de ser aceptada la pregunta, la prohibición regiría a partir de la posesión de los ganadores.
Si alguno tuviera dinero o empresas en esas condiciones, tendría un plazo de un año para vender las empresas o regresar las inversiones al Ecuador.
