El secretario jurídico de la Presidencia,Alexis Mera, ratificó que el presidente de la República, Rafael Correa, no conocía sobre la serie de contratos que su hermano, el empresario Fabricio Correa, tenía con el Estado.
Pero según una de las conclusiones del informe que acaba de revelar la Veeduría Ciudadana, integrada por pedido del Ejecutivo, el Mandatario sí conocía los negocios de su hermano con el Régimen. Además que los contratos en los que participaron sus empresassupuestamente llegan a USD 700 millones, siete veces el monto denunciado en el 2009.
“El señor Chambers tiene que demostrar, esto no es la palabrita de uno o la palabrita de otro, esto no es el capricho de nadie. Él tiene que demostrar con pruebas al país que el presidente Correa sabía que el hermano tenía contratos con el Estado. El Presidente dijo enfáticamente que no sabía que su hermano estaba contratando con el Estado”, aseguró el funcionario gubernamental.
“Eso es falso y si él no demuestra lo que asevera va a quedar como mentiroso”, dijo Mera, quien advirtió que en caso de ser así, el Gobierno se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan para hacer que se respete el buen nombre del Presidente de la República.
El jueves, los veedores Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo entregaron su investigación, que tomó 18 meses, al contralor y presidente de la Función de Transparencia, Carlos Pólit, en vista de que el Consejo Participación se negó a coordinar en cinco ocasiones la difusión del informe.
Mera pidió a los miembros de la Veeduría Ciudadana que, en caso de haber detectado irregularidades, presenten las respectivas denuncias ante las cortes de justicia.
Lamentó que se pretenda dañar la honra del Jefe de Estado con una acusación a la que calificó de gravísima. “Vamos a defender la honra de este Gobierno y las manos limpias con toda nuestra vehemencia”, reiteró.
Por su parte, la ministra de la Política, Doris Soliz, recordó que fue el mismo Mandatario quien pidió la Veeduría, por lo que llamó a ejercer este tipo de espacios con responsabilidad.
Otra de las conclusiones del trabajo de la Veeduría, que tiene un respaldo de 15 000 fojas útiles certificadas de entidades del sector público, es que las empresas vinculadas a Fabricio Correa sí fueron beneficiadas por algunos de los entes contratantes.
Eso se evidencia, por ejemplo, en el caso de las empresas Quality y Quality Outsourcing -que eran parte del holding de Fabricio Correa-, que recibieron una serie de subcontratos, desde fines del 2007. Lo hicieron a través de BGP-Ecuador, Sinopec International y Chanquing Petroleum, que en total recibieron proyectos por USD 344 millones.
De este rubro, USD 52 millones corresponden a tres convenios firmados por Petroproducción con BGP, para la prestación de servicios de interpretación sísmica en la Amazonía. Quality recibió seis subcontratos para realizar perforación, topografía, trazados de trochas por USD 17,4 millones.
Esta empresa fue subcontratada, a pesar de que no acreditaba experiencia alguna en el campo petrolero, según la Veeduría.
En torno a estas empresas también se detectaron supuestas irregularidades y se encontraron glosas emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin que hasta el momento estas hayan sido desvanecidas.
Asimismo, la organización ciudadana sugiere que se investiguen otros USD 300 millones en contratos asignados por Petroecuador y Petroamazonas a las empresas Sinopec, BGP, Petrochina y a la empresa Tenaris.
En ambos casos, llama mucho la atención de los veedores que el sistema de contratación esté al margen del esquema que rige en el resto del sector público.
La Veeduría fue designada por un sorteo
La Veeduría Ciudadana fue integrada el 2 de julio del 2009, por pedido del presidente Rafael Correa, por la presión de la sociedad civil, luego de que la prensa revelara que su hermano tenía contratos con el Estado.
Ante la solicitud presidencial, el Consejo de Participación Ciudadana hizo un llamado público a la ciudadanía para conformar el organismo, encargado de vigilar la transparencia de los procesos de terminación de los contratos celebrados con Fabricio Correa.
Luego de recibir las inscripciones de decenas de ciudadanos, el Consejo realizó un sorteo para designar a los 10 miembros de la Veeduría: Edmundo Vera, José Quishpe, Byron Maldonado, Diego Jaramillo y Pablo Chambers (principales), y Víctor Hugo Hidalgo, Ivonne Cruz, Jackeline Estupiñán, Diego Cano y Gerardo Portillo (suplentes).
Una vez integrada la Veeduría, se nombró a Chambers como coordinador y a Quishpe como secretario. Además, acordaron que todos sus miembros actuarían en calidad de principales.
La segunda decisión clave de la Veeduría fue ir más allá del ámbito que había fijado el Gobierno, y no quedarse en la vigilancia de los contratos terminados, sino investigar todos los convenios que Correa había concretado con el Estado.