Los alcaldes del país participaron ayer en tres audiencias públicas. Acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional.
De ninguna salieron con las manos vacías. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) busca que, de alguna manera, se prepare una normativa para los procesos de revocatoria de mandatos que plantean la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y el Código de la Democracia.Con sus argumentos, los alcaldes exigieron al organismo electoral actuar para evitar la violación de sus derechos. Omar Simon, presidente del CNE, dijo que se acogerán solo a las facultades que por ley tienen: normar procesos.
Pero Simon se comprometió en conformar una comisión para elaborar un reglamento para las revocatorias. Sin embargo, su verdadera preocupación es que ya hay procesos revocatorios consumados en la Amazonía. El más cercano se realizará este domingo en el cantón Tiwintza, contra el alcalde Jorge Chamik.
Para el alcalde de Riobamba Juan Salazar, la AME no teme a las revocatorias, sino a una persecución y retaliación política. “A los 221 municipios nos están prendiendo la chispa, quieren vulnerar nuestros derechos. El domingo ruedan cabezas. Seguro que todos los municipios chicos, en donde no se supera 8 000 el padrón electoral, con 800 firmas se vendrá un caos total”. Ese tipo de cabildos suman 170 en el país, según la AME.
Johnny Cañarte, alcalde de Jipijapa, presentó documentos y dijo que quien impulsa la revocatoria en algunos casos es el asesor personal del Vicealcalde.
En esa misma línea Carlos Ortega, titular de Puebloviejo, anticipó que si las autoridades no controlan los procesos revocatorios, se va a generar una lucha de pueblo contra pueblo. “Nuestra gente nos defenderá siempre. Debemos frenar esto antes de que sea muy tarde”.
A las 12:00 llegaron a la Corte Constitucional. El presidente de ese organismo, Patricio Pazmiño, escuchó las intervenciones. Finalmente, dijo que se dará un trámite ágil a los pedidos. Estos son: el recurso de inconstitucionalidad en contra del reglamento del Consejo Electoral y el recurso de inconstitucionalidad por omisión a la Asamblea por no haber normado en dos leyes el derecho a la defensa y el debido proceso para los alcaldes del país.
Pazmiño dijo que “por sobre cualquier cosa están los derechos constitucionales. Esta Corte hará respetar sus derechos”.
Sin embargo, no se pronunció sobre la posibilidad de evitar que se realice la consulta popular para la primera revocatoria en Tiwintza.
Cuando los alcaldes llegaron a la Asamblea, el presidente Fernando Cordero compartió su idea de normar la revocatoria. “Nosotros no podemos hacer nada para que no se haga la consulta en Tiwintza. La Asamblea tiene la obligación de reglamentar el proceso para que no sea aprovechado por avivatos. Se hará un proyecto de ley para reglamentar la revocatoria.
El presidente de la AME Paúl Granda concluyó que se están violando los derechos como a la defensa y al debido proceso.