En el río Napo se observa el constante tráfico de maquinaria para la explotación de los campos petroleros, así como de todo tipo de víveres y artefactos.
Las gabarras suben y bajan constantemente por el río Napo. En su parte superior ondea la bandera del Ecuador junto a la de Petroamazonas. Las más grandes transportan hasta seis camiones de diferentes tamaños y tipos.
Una tras otra, avanzan lenta y ruidosamente desde y hacia la comunidad de Chiro Isla, ubicada en la ribera sur del río. Esa es la puerta de entrada al Bloque 31 y el movimiento allí es constante.
La comunidad tiene un fuerte resguardo militar y el acceso es restringido para turistas y cualquiera que no tenga permiso de la petrolera. Desde la canoa de turno, que baja por el río desde Coca hasta Nuevo Rocafuerte, ubicado casi en la frontera con Perú, se puede observar la maquinaria trabajando.
El movimiento ha sido constante en ese sector desde hace poco menos de un año. El 15 de agosto del 2013, el Presidente declaró de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 y hace unos dos meses se retomaron los trabajos en el 31, en donde operó la brasileña Petrobras hasta el 2008.
Ahora el panorama es similar a ese tiempo, pero el tráfico fluvial se incrementará más en los próximos meses. Todos los habitantes de la zona están conscientes de ello y aseguran con certeza que, máximo hasta el próximo mes, se iniciará la construcción de un puerto de operaciones debajo de Puerto Miranda, en el sector de Boca de Tiputini, que será el ingreso de los petroleros hacia el bloque 43, que contiene los campos petroleros Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT).
“Ya se ha adjudicado para hacer el puerto. La primera plataforma que va a desarrollarse es en Yanayacu (Tiputini 1). La gente está contenta porque les han dado trabajo y les han compensado económicamente”, señala Franklin Cox, alcalde del cantón Aguarico, que agrupa a las comunidades en los bloques petroleros.
Cerca de 20 hectáreas fueron expropiadas para la construcción del puerto de operaciones. El Alcalde señala que se ha pagado hasta USD 10 000 a las familias como compensación, más el valor de las tierras.
Un cantón sin obras del petróleo
El verano ha reducido el caudal del río Napo. La canoa de turno se toma, en esta temporada, más de 10 horas en llegar desde Coca hasta Nuevo Rocafuerte, pues debe ir sorteando las dunas de lodo que se forman por la bajada del río para evitar encallar en ellas. Normalmente el viaje toma ocho horas.
En ese trayecto hay más de 10 comunidades asentadas en la orilla del Napo. La embarcación va cargada con todo tipo de artefactos, comida y encargos que llevan los pobladores, pues la vía fluvial es la única manera de llegar a sus hogares. Esta canoa también es la manera menos costosa de entrar, pues por un aerodeslizador se debe pagar hasta USD 400, por el valor de la gasolina.
Nuevo Rocafuerte es la última parada; es la población más lejana y la última antes de entrar a Perú. Es también la cabecera cantonal de Aguarico, pero por un viejo conflicto entre la comunidad y el Alcalde, quien lleva ya cuatro períodos al mando del Cabildo (tres con la Izquierda Democrática y el último con Alianza País), las autoridades operan desde Tiputini y ahora buscan cambiar la cabecera cantonal.
El adoquín de sus calles data del gobierno de Sixto Durán Ballén y el aeropuerto tuvo sus últimos vuelos en la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara. El agua llega por horas y la electricidad se suspende en las tardes. La obra más nueva de manos del Gobierno es la Escuela del Milenio, que se construye desde hace dos años y que se prevé sea inaugurada en diciembre, con la presencia del presidente Rafael Correa.
“Sí sería bueno que venga el Presidente para que vea que aquí todo está abandonado. Dicen que tiene incluso pronosticado hacer una sabatina, pero la gente aquí le va a hacer problema por lo de la cabecera cantonal”, cuenta Juan Carlos, un guía turístico del Parque Nacional Yasuní. Por ello, él cree que Correa no va a venir, por el conflicto de la comunidad con el Alcalde oficialista.
De hecho, la población de Nuevo Rocafuerte ya tuvo un enfrentamiento con el Gobierno. En junio pasado, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, a cargo del oficialista Carlos Viteri Gualinga, visitó el Yasuní, como encargada de supervisar el cumplimiento de las condiciones para la explotación de los bloques 31 y 43. Como parte de la visita estuvieron en la comunidad, en donde los habitantes realizaron un manifiesto para exigir que se rinda cuentas.
“Harán el acceso al ITT a través del río Napo y sus afluentes. ¿Acaso ya han establecido la afectación a los ciclos bióticos en los meses de marzo-abril, cuando los peces están en desove? Con las lanchas rápidas se destruirán esos ciclos reproductivos y los ríos se despoblarán”, señala uno de los ocho puntos incluidos en el documento, el cual está firmado por Efrén Cox, habitante de la comunidad.
Nuevo Rocafuerte pide que, si hay obras para el cantón con el dinero del petróleo, se vuelva a habilitar el aeropuerto, con lo que se evitará también la erosión de las orillas de los ríos. Desde el 2010, la comunidad tiene listo el estudio para el mejoramiento de la terminal aérea, con lo que se abriría una nueva forma para ingresar a la alejada comunidad.
Pero la comunidad no está sola en su reclamo por obras con el dinero del petróleo, un año después de que se diera paso a la explotación. La situación es similar en Tiputini, donde está la sede del Gobierno seccional. “El dinero del petróleo no se ha visto por aquí. Hace falta un hospital, porque aquí solo hay centro de salud y en caso de una enfermedad grave toca subir al Coca”, asegura Sara de León, quien labora como comerciante.
Allí la Municipalidad trabaja en el adoquinado, aunque aún hay calles de tierra que se inundan con las torrenciales lluvias de cada noche del verano. Tampoco tienen agua durante las 24 horas del día.
El Contexto
El 14 de agosto del año pasado, el presidente Rafel Correa anunció, en cadena nacional, el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT, que el Gobierno propuso al mundo hace ya siete años. “El mundo nos ha fallado”, afirmó. El 3 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el pedido del Ejecutivo y declaró a los bloques 31 y 43 como de interés nacional para permitir su explotación.
