La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, que vete por completo el proyecto de reforma penal contra la violencia digital, que fue aprobado por la Asamblea el pasado 6 de mayo del 2021.
El gremio, a través de un comunicado, señaló que este nuevo marco legal “no fue debatido de manera oportuna, contiene inconsistencias que, de aprobarse, propiciaría una serie de problemas y se atentaría a la libertad de expresión”.
“La AEDEP considera que Ecuador requiere un marco legal que proteja a las personas que puedan ser víctimas de acoso a través de las nuevas plataformas de comunicación que existen en la internet; sin embargo, reitera que es necesario un debate serio, pormenorizado, que contenga enunciados claros”, apuntó.
La Asociación consideró que Moreno debe posibilitar que el presidente electo, Guillermo Lasso, trabaje con la Asamblea en un nuevo proyecto de ley de Violencia Digital en donde se contemple la protección a las víctimas del acoso digital, sin dejar de lado el derecho a la libertad de prensa.
La reforma penal fue aprobada el jueves pasado por el Pleno, después de un debate del que participaron solo 8 asambleístas, a menos de una semana de terminar su mandato.
“Este apresuramiento ocasiona que se contemplen sanciones absurdas (que van de meses hasta años) por la publicación de informaciones en las nuevas plataformas de información, utilizadas a través de la internet”, sostuvo la Aedep.
Uno de los artículos reformados es el 178 del COIP, donde se estipulan penas de uno a tres años de cárcel para quienes difundan información no autorizada de terceros.
Derogatoria de Ley de Comunicación
En otro comunicado, la AEDEP dijo que respalda la decisión de plantear a la Asamblea Nacional la derogatoria de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que fue anunciada por el presidente electo Guillermo Lasso, como una de sus primeras acciones una vez de que asuma el poder el próximo 24 mayo.
“Se debe terminar con la actual Ley de Comunicación que se convirtió en un instrumento de censura que buscaba impedir que los medios de comunicación y comunicadores independientes denuncien los casos de corrupción cometidos en el gobierno de Rafael Correa, corrupción que hoy está juzgada por las la justicia ecuatoriana”, puntualizó.