La única garantía que entrega Alianza País para la aprobación de una ley de medios consensuada es el acuerdo firmado anteanoche por los miembros la Comisión de Comunicación. Esta decisión fue calificada como positiva por los integrantes de este organismo.
El acuerdo prevé que el documento que resulte de los debates se deberá presentar al pleno de la Asamblea, para que este resuelva su trámite, conjuntamente con el informe del 1 de julio del 2010.
Sin embargo, ni la Presidencia de la República ni la bancada oficialista se comprometen a definir la ruta que se seguirá para introducir los cambios en el proyecto. En ese marco, el debate que se cumpla en la Comisión determinará el futuro de la actuación del Gobierno en el tema. Esto se deduce de la decisión del presidente Rafael Correa de no enviar su delegado a la Asamblea para la redacción de la nueva ley.
Carondelet no envió a un representante a la Comisión. El jueves de la semana anterior, Correa había visto con buenos ojos esa iniciativa. Sin embargo, la noche del martes, el Jefe de Estado resolvió que no era conveniente designar a un portavoz. Su argumento es que el tema podía comprometer su facultad constitucional de formular cambios a la ley, una vez que el Congreso lo apruebe.
De hecho, Doris Soliz, ministra de la Política, señaló ayer que el veto es una herramienta para “mejorar” los proyectos de ley.
En ese sentido, la funcionaria dijo que la Asamblea no puede estancarse en el tratamiento de esta ley a la falta de un delegado, sino ejecutar el mandato de la consulta del 7 de mayo. Según el Gobierno, la tesis del Sí y, por lo tanto, debe existir un Consejo de Regulación, en que aspira a tener presencia, aunque no mayoría.
Justamente, las facultades que hubiese tenido ese delegado fueron claves para la resolución de que no haya el delegado. La oposición pedía que ese delegado tenga plenos poderes y que se comprometa a minimizar una objeción presidencial. Pero Alianza País no quería esa camisa de fuerza. De ahí que no se concretó la invitación al Ejecutivo para que presente su delegado.
Así lo confirmó ayer el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, en entrevista a la agencia Andes. Según esa publicación, el legislador no compartía las aspiraciones de la oposición para comprometer el veto de la Presidencia.
Para Lourdes Tibán (Pachakutik), es necesario contar con una decisión conjunta de la bancada de Alianza País y de la Presidencia en el tratamiento. Aunque ella aprobó el acuerdo de la Comisión de Comunicación, asegura que la ley se definirá luego de que salga del Palacio de Carondelet.
Mauro Andino, presidente de la Comisión, prefiere no generar más incertidumbre. Explica que el veto puede crear temores “solo si atenta contra la Constitución y los mandatos de la consulta”. Dijo que espera que las observaciones sean de forma y no de fondo.
Para el legislador de Alianza País, el debate debe ser amplio en la Comisión, pues se acordó abrir de nuevo el debate para incluir las reformas de la consulta y cambiar los artículos que no fueron aprobados por la oposición, en las sesiones del año pasado.
Un 30% del proyecto pasado será revisado. Eso abre un panorama de debate que pudiera tardar dos meses. Entre otras razones, porque en las discusiones hay que tratar temas como la distribución de las frecuencias, la creación del consejo de comunicación, las sanciones a periodistas.
Para Andino, el documento que sea acordado en la Comisión tendrá que ser conocido por el Pleno hasta finales de julio, fecha que coincidirá con la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea (ver compartida).
Ese punto preocupa a la oposición, pues sospecha que A. País pueda comprometer el futuro de la norma a los relevos de autoridades en la Legislatura. Así lo denunció Jorge Escala, del MPD.
Cordero va por la reelección
Alianza País ajusta detalles para presentar a sus candidatos a las principales dignidades de la Asamblea Nacional. Uno de sus coordinadores, Juan Carlos Cassinelli, informó que hay una tendencia dentro de la bancada que pide que Fernando Cordero permanezca en la Presidencia.
Ayer, Cordero confirmó que intentará reelegirse por dos años más. Sin embargo, dentro del bloque oficialista también hay quienes piden que hay otros postulantes para ese cargo. Entre los nombres que se lanzaron se encuentran César Rodríguez y Juan Carlos Cassinelli.
El bloque legislativo Alianza País aún no ha tomado esa decisión. Antes está previsto que cumpla con otras tareas como: elegir a su candidato que participará en la elección para escoger al representante de la Asamblea al Consejo de la Judicatura Transitorio.
Esa es otra de las disposiciones que nacieron luego de la aprobación de la consulta popular y, según Cassinelli, una comisión conformada por sus colegas de bancada será la encargada de presentar una lista de candidatos para el cargo. Está previsto que esa comisión termine hoy con la recolección de nombres de los candidatos para que sean escogidos por el bloque legislativo.
Más reparos de la CIDH al proyecto
Información
Hay confusión en el secreto de la fuente
La Relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DD.HH. señala que el proyecto debe ser preciso en el derecho de los periodistas a guardar la reserva de sus fuentes. Señala que es ambigua la redacción, pues prevé amonestaciones a medios que omitan la procedencia de la noticia. Una nota con fuentes confidenciales podría ser calificada como sin procedencia.
Medios
El registro total es una medida excesiva
La Relatora cuestiona que el proyecto obligue a todos los medios, sin distinción, a registrarse so pena de ser sancionados. Esta norma puede provocar efectos inhibitorios sobre ciertos discursos. La regulación va contra la Declaración de los Relatores de ONU y OEA, que pide registro diferenciado.
Censura
Facultad del Defensor representa un riesgo
El proyecto puede permitir al Defensor del Pueblo ‘evitar’ y ‘prevenir’ impactos negativos de los programas de medios. Estas facultades podrían hacer que la actuación del Defensor caiga en censura previa.