Lo único más patético que la aparición del periódico popular del Gobierno es el hecho de que los ecuatorianos hemos sido forzados a ser sus accionistas.
A cuenta de que a algún iluminado se le ocurrió que la Patria necesita de un diario “que diga la verdad” y que “inunde los hogares con noticias alegres”, se creó una empresa financiada con el dinero de los contribuyentes a quienes jamás se consultó y a quienes nunca se les informará ni sobre cómo se manejan sus dineros ni sobre cómo se nombran a sus directivos.
Y es que el caso de ese diario es paradigmático. Existe en el Ecuador un perverso discurso sobre lo público que, en casos como en el diario popular, pretende elevar a los altares a cualquier producto ‘estatal’ por el hecho de que pertenece a ‘todos’. ¿Qué tan pública puede ser una empresa si los accionistas no tienen derecho a informarse sobre cómo se manejan los fondos ni pueden intervenir en el nombramiento de sus directivos? Entre los fetichismos está el de concebir que tras lo estatal hay un ser celestial que siempre velará por el bien de todos. ¿Qué tan público es Petroecuador si nadie sabe sobre cómo se manejan sus cifras? ¿Qué tan público es El Telégrafo si nunca ha presentado sus cuentas a sus dueños?
El caso del periódico popular desafía a los más audaces y alucinados conceptos de lo público. Su contenido, salpicado de farándula babosa y veladas venias al Gobierno, no es más ni menos que lo peor que los medios privados han publicado durante muchos años. Y ahora a todos nos toca ser sus dueños.