Cinco legisladores solicitaron celeridad en las medidas provisionales contra el Reglamento de Conducta, impulsado por el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT). Las cartas fueron dirigidas a Santiago Canton, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hace una semana, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenae) y el Colegio de Abogados del Guayas (CAG) enviaron su pedido. El gremio considera que el reglamento coarta la libertad de expresión de los abogados en libre ejercicio.
Los asambleístas de oposición Andrés Páez, Lourdes Tibán, Abdalá Bucaram Pulley, Galo Lara y Jorge Escala enviaron las cartas a la CIDH. El objetivo de la medida es evitar que el Reglamento de la Judicatura sea publicado en el Registro Oficial.
Pedro Granja, secretario de la Fenae y del CAG, dijo que el reglamento fija sanciones de hasta seis meses de suspensión para los abogados que den declaraciones a los medios de comunicación. “Los abogados ya estamos sujetos a una sanción penal y civil si nuestro cliente se considera estafado”, explicó.
El martes por la tarde, los directivos de los Colegios de Abogados de cada provincia se reunieron en Guayaquil. Paulo Arrobo, presidente (e) de la Fenae, se opuso al reglamento porque “no somos empleados del Consejo de la Judicatura, no recibimos un sueldo de la Judicatura. Ese es un organismo de disciplina de la Función Judicial”. Sin embargo, dijo están abiertos al debate con los vocales del Consejo Transitorio.
Al final de la reunión, declararon “enemigos de la abogacía ecuatoriana” a Tania Arias, vocal del CJT y a Patricio Pazmiño, abogado de la Corte Constitucional. Por unanimidad decidieron tramitar la expulsión de ambos.
Actualmente, Arias está en Buenos Aires, Argentina por una misión de servicio. Fernando Yávar, vocal del CJT, dijo que esperan aprobar el reglamento la próxima semana, a su regreso.
Además, Yávar rechazó la postura del gremio. “No es un código de conducta, es un reglamento disciplinario”, enfatizó en una visita a Guayaquil. Agregó que el reglamento está en estudio.
“Es un reglamento que se encuentra ceñido al texto de la norma legal que es el Código Orgánico de la Función Judicial. No hemos incrementado ni una sola más de esas conductas”, argumentó el vocal. Cuando Yávar llegó a ese puesto, recibió críticas del CAG porque supuestamente no cumplía con la experiencia profesional suficiente para posesionarse. Finalmente, fue expulsado del gremio.