El abogado Jorge Sosa, izquierda, presentó este miércoles 30 de marzo del 2016 una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El abogado Jorge Sosa presentó este miércoles 30 de marzo del 2016 una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en representación de Abdalá Bucaram, por un supuesto delito de lesa humanidad, mientras él era alcalde de Guayaquil.
Él y las personas que lo acompañaron, que son parte de la Comisión del Retorno del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, dijeron estar respaldados en el informe de la Comisión de la Verdad, que trató este caso.
En la denuncia se explica que, mientras era alcalde de Guayaquil, Bucaram pidió una licencia de un mes y viajó a Panamá el 15 de septiembre de 1985 y que, en su ausencia, el Concejo Municipal lo acusó de cohecho, soborno, despilfarro y abuso de autoridad. Luego de un año, el Congreso le concedió amnistía.
El 9 de noviembre de 1986, él fue arrestado en Panamá, por acusaciones de supuesto narcotráfico.
Según lo recabado en el informe de Comisión de la Verdad, y que consta como parte de la denuncia, Bucaram habría investigado por su cuenta lo ocurrido y, por testimonios de algunos de los agentes involucrados en el caso, habría concluido que su detención fue parte de un acuerdo entre el general Manuel Noriega, de Panamá, y el presidente de Ecuador, León Febres Cordero. “Como no pudieron repatriarlo optaron por simular la tenencia de drogas”.
El abogado Sosa dijo que esta denuncia se presenta casi seis años después de que se realizara el informe de la Comisión de la Verdad, que fue realizado por decisión del Gobierno del presidente Rafael Correa, porque creen necesario que haya una investigación judicial sobre el caso.
Sosa señaló que el Gobierno actual ofreció que los delitos de lesa humanidad, como según ellos, estaría clasificado el caso de Bucaram, serían juzgados. Sin embargo, dijo que se ha dado prioridad a los casos de los militantes de Alfaro Vive Carajo pero que no ocurrió lo mismo con el caso de Bucaram, por lo que ahora tomaron la iniciativa.
Pese a que han pasado más de 29 años desde los hechos que señala la denuncia, Sosa consideró que continúa siendo oportuna, puesto que los crímenes de lesa humanidad cometidos en épocas pacíficas o de guerra son imprescriptibles, según convenciones internacionales de las cuales Ecuador es suscriptor.
Bucaram, quien está autoexiliado en Panamá desde 1997, solicita mediante la denuncia que se haga una investigación penal para encontrar a los responsables de su detención y supuesta tortura en 1986, se le otorgue la reparación por el “daño emergente, lucro cesante y daño moral”, que el Estado le ofrezca disculpas públicas a través de un medio de comunicación de cobertura nacional y que se coloque una placa “como muestra de desgravamen”. Además, como en otros casos relacionados con derechos humanos, pide que el país garantice la no repetición del acto.