29 de October de 2011 00:01

El abogado que confundió su rol constitucional

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Diego García. Procurador General de la Nación.

¿Quién es?
Cercano colaborador de Alfredo Palacio.  La Asamblea de Montecristi lo nombró Procurador para el período de transición, y Rafael Correa  lo incluyó en la terna  tramitada  por el Consejo de Participación.  

¿Qué hizo?
Acudió a la audiencia de la CIDH, el martes. Pero en su discurso evitó hablar de los juicios particulares que pesan contra medios y periodistas. Dos fuentes consultadas dicen que se inclinó por la tesis del Régimen.

¿Qué dijo?
“En Ecuador existe  libertad de expresión. Desde los medios se expresan cuantas   ideas tengan cabida:  basta con ver los programas. Allí se manifiesta todo pensamiento,  aun abusando de ese derecho”.

El procurador general, Diego García, inició su intervención del martes, en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hablar sobre la libertad del expresión en el país, con una clara advertencia: que los peticionarios de esa cita (las diferentes organizaciones periodísticas que denuncian el acoso a esta actividad por parte del Régimen) quieren hacer del Sistema Interamericano de Derechos Humanos un espacio adonde trasladar la discusión política de los asuntos internos del país.

García dijo que su presencia en Washington, ese día, respondía a la invitación que la CIDH le había formulado para analizar estas alertas. Pero aclaró que en esa discusión se debían “tratar asuntos generales sobre temas de DD.HH”, porque así lo manda el artículo 62 del reglamento de la Convención Interamericana.

Bajo ese argumento, el Procurador General de la Nación dijo que no era prudente que en la CIDH se hablara de juicios particulares, que aún están en trámite en el sistema jurídico ordinario y que se corre el riesgo de que los organismo internacionales terminen interfiriendo “en la justicia de un país soberano”.

La actuación de García en Wa-shington dejó con la boca abierta a más de uno en el Ecuador.

Francisco Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, uno de los peticionarios de la audiencia ante la CIDH, dijo que lo usual en estos espacios es que concurra el Procurador, por ser el abogado del Estado. Desde esa óptica, la presencia de García no tiene nada de extraña.

Pero lo que no ha dejado de sorprenderle es que García, a la luz de sus pronunciamientos, terminó por confundirse de roles.

“Su actuación fue más bien como la de abogado del Gobierno Nacional; su discurso más político que jurídico y, lamentablemente, no se refirió al tema que nos convocaba”. Es decir, las agresiones y los juicios millonarios impuestos por el Presidente de la República contra medios de comunicación y periodistas.

A Gustavo Medina, ex procurador de la Nación, le queda la misma sensación luego de haber escuchado a García el martes.

“Ser el abogado del Estado no es lo mismo que ser el abogado de un Gobierno, porque el Estado somos todos: territorio, ciudadanos y poder. El Régimen obedece únicamente a un sector”.

Con esta explicación, Medina señala que la controversia que golpeó las puertas de la CIDH se da entre los grupos peticionarios y el Gobierno. Es decir, que el Estado como tal no está involucrado y, por lo tanto, la presencia de García estaba demás. “Si yo fuera el Procurador, simplemente me hubiera excusado de asistir”.

Pero García estuvo en Washington, donde se refirió al Canciller, al diputado oficialista Mauro Andino y al secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, como autoridades del Estado. Y además aseguró, con total aplomo, que el Ecuador en un país donde existe un pleno respeto a la libertad de expresión y que el proyecto de ley de Comunicación (impulsado por un ala del oficialismo) concibe una dimensión más amplia sobre la libertad de expresión, sin hacer referencia alas críticas que este proyecto ha generado en otros sectores de oposición.

García también defiende la tésis de que se han cometido abusos en el ejercicio de este derecho, pero no hilvanó una sola frase que reflexione sobre la conducta del Gobierno. Solo señaló que quienes denuncian el hostigamiento a la prensa están interesados en hacer política en la CIDH.



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