9 de January de 2012 00:03

Un ABC de las elecciones generales para el año 2013

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En un año, los ecuatorianos deberán escoger a las nuevas autoridades de las funciones Ejecutiva y Legislativa, en medio de un escenario electoral con nuevas reglas del juego, impulsadas desde el oficialismo.

Mañana, en la Asamblea Nacional se debatirá el informe de la Comisión de Justicia al veto parcial que el presidente Rafael Correa realizó a las reformas al Código de la Democracia, instrumento normativo de los procesos electorales. Será ahí donde se determinará el método para la asignación de escaños, las limitaciones a la prensa, las normas para la campaña y las atribuciones que tendrán el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Reformas que deberán estar aprobadas hasta el 20 de enero, un año antes del día del sufragio.

Los cambios a la ley se desarrollan en medio de cuestionamientos de la oposición a los cinco nuevo vocales del CNE, por su anterior cercanía laboral con el Régimen. Ellos resultaron ganadores de un concurso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Además está pendiente la selección de los 10 nuevos jueces electorales, la selección la impulsa el Cpccs. Los nombres se definirán en abril. De este modo se estructura el nuevo escenario para las próximas elecciones, que además representan un reto para los organismos electorales.

Los partidos políticos

Las organizaciones políticas que deseen proponer candidatos para las elecciones del 2013 tiene que cumplir con tres requisitos fundamentales antes de junio de este año.  Deben recoger

158 000 firmas de respaldo para inscribir al partido o movimiento ante el CNE, haber realizado las  elecciones internas primarias  y haber designado a los candidatos que los representarán en las urnas de manera democrática.

Hasta el momento se han registrado ante el organismo  tres partidos políticos: Movimiento Popular Democrático (MPD), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Sociedad Patriótica (PSP), y el movimiento oficialista Alianza País. Además,  cuatro movimientos políticos regionales: Acción Regional por la Equidad (ARE),  de  Loja; Autonómico Regional (MAR), de El Oro; Frente Unidad Salinense, de Santa Elena, y Centro Democrático Guayas.

Está pendiente la reinscripción de Ruptura de los 25 debido a que la mitad de las firmas que presentó fueron invalidadas, mientras que las 200 000 firmas que presentó Pachakutik todavía están siendo analizadas por el Consejo Nacional Electoral.

Además, al organismo han solicitado formularios de inscripción para iniciar el proceso otros 15 partidos, 17 movimientos, 87 organizaciones provinciales, 14 cantonales y 7 parroquiales.

Políticos coinciden en que la reinscripción de las organizaciones es una tarea difícil en el actual escenario donde el discurso de la “partidocracia” representa un gran reto al intentar conseguir el apoyo ciudadano. A esto se suma la falta de líderes fuertes dentro de  la oposición, dicen.


Los medios de comunicación

Durante la campaña por la consulta popular,  el Gobierno sostuvo que los medios de comunicación  fueron utilizados como plataforma  política para candidatos  que  impulsaban el No. Por eso, en un veto a la Ley Electoral, el presidente Correa propuso la prohibición de reportajes sobre una tendencia política,  durante el período de campaña. La intención  fue rechazada por la Comisión de Justicia. A esto se suma la imposibilidad de que 24 horas antes de los comicios los medios difundan  su opinión. Con esta normativa se impediría que aparezcan opiniones como las de Vistazo y de diario Hoy, a favor del No, según el Gobierno.  A esto se suman  controles a periodistas  para coberturas electorales.     


El Gobierno y sus integrantes

El Presidente y las demás autoridades en funciones, que vayan por  la reelección no tendrán la obligación de pedir licencia para realizar  campañas.
Esto configura para opositores un peligroso escenario que podría desembocar en un proceso inequitativo. Se basan en la experiencia de la consulta popular de mayo pasado,  en la cual varios sujetos políticos denunciaron el uso de infraestructura estatal para promover la imagen del Gobierno. Esto frente a un débil CNE que en ese tiempo no emitió ninguna  sanción. Además, con el veto presidencial se amplía la posibilidad de que el periodo de veda electoral el Gobierno pueda realizar campañas de salud, seguridad, educación...


La asignación de escaños

Desde el retorno a la democracia en 1979,  el método para la adjudicación  de escaños ha sido el artículo más reformado. En un inicio las críticas surgieron en los opositores,  pues se planteaba cambiar la fórmula  (Hare)   con el cual las minorías pudieron conseguir curules. No obstante,  mediante un veto presidencial se propone una fórmula para asignar escaños que beneficiaría a la mayoría.  Se planteó el método conocido como  D’Hont para elegir a 109 asambleístas provinciales.       Según matemáticos,  esa  fórmula otorgaría  al oficialismo  más representación, en detrimento de las minorías.  Si este método se hubiera aplicado en las últimas elecciones,   País hubiera tenido ocho  curules  más.  


Las fechas

Hasta el 20 de enero  deberán estar publicadas en el  las nuevas reglas.  

En abril, el Consejo de Participación  designará a los  jueces electorales.

Hasta junio, las organizaciones políticas  deberán estar acreditadas por el Consejo Electoral (CNE).    

En julio, el CNE  realizará la convocatoria oficial.

La primera vuelta será el 20 de enero del 2013, y la segunda el 3 de marzo.

El 24 de mayo del 2013 será la posesión de las autoridades.


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