17 de August de 2012 00:02

¿A quién le interesa el asilo a Assange?

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Dentro de la extensa y documentada exposición de ayer del canciller Ricardo Patiño, a través de la cual se le concedió el asilo Julián Assange, hay una frase que llama la atención.

“El Ecuador es un Estado libre y democrático, no sujeto a tutelajes externos, independiente de intereses ajenos a los de su pueblo y soberano en sus decisiones”.

¿Qué intereses populares pueden estar en juego con la protección política que el Gobierno decidió darle a Julián Assange desde que Wikileaks revelara los cables secretos de EE.UU.? A no ser que el enfriamiento diplomático perjudique las modestas relaciones comerciales, turísticas o migratorias con el Reino Unido, el discurso soberano del Régimen no es más que el ingrediente central del show mediático que solo le interesa al Gobierno.

La prioridad para el presidente Rafael Correa es la tarima local y los buenos puntos en las encuestas, más aún con un proceso electoral tan cerca. Hablar de dignidad nacional y de que la Patria ya no es colonia de ningún imperio puede henchir el pecho de cualquier ciudadano que aún crea que alzando la voz y teniendo al Presidente en las primeras planas de la prensa mundial, Ecuador ha ganado un puesto de respeto en el contexto internacional.

Falta mucho para que este país se ponga en ese sitial. Primero, el Régimen debería demostrar que todas las críticas locales y mundiales en su contra, sobre el deterioro de derechos humanos como la libre expresión o la protesta, no tienen sustento.

Segundo, tendría que explicar por qué Ecuador ha sido de los países que con más fuerza ha querido replantear varias normas del derecho interamericano, luego de que estas advirtieran la poca tolerancia de Correa al pensamiento diverso.

Finalmente, que se transparente por qué Ecuador ha sido tan celoso a la hora de condenar los excesos de sus gobiernos amigos en Libia, Irán, Siria o Bielorrusia.

Más que “el interés del pueblo”, lo que pesa es el interés de Correa de proteger a Assange para así decir que protege los derechos civiles y políticos de los perseguidos.

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