4 de February de 2011 00:00

‘700 millones llegaron a firmas de Fabricio Correa’

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A USD 700 millones asciende el monto que presuntamente recibieron en contratos y subcontratos del Estado las empresas relacionadas con Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República. Es decir más del doble del presupuesto asignado este año a la Función Judicial.

Esa es una de las principales conclusiones del informe de 94 páginas que la Veeduría Ciudadana, integrada por el Consejo de Participación por pedido expreso del Primer Mandatario, entregó ayer al contralor Carlos Pólit.



Los integrantes de la Veeduría, Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo, acudieron a la Contraloría a las 09:00 y formalizaron la entrega de su investigación a Pólit, (incluidas 15 000 fojas útiles certificadas de entidades públicas), como presidente de la Función de Transparencia.

En junio del 2009, cuando se conocieron -por denuncias de la prensa- los contratos de Correa con el Gobierno, solo se había establecido que sumaban alrededor de USD 80 millones.El presidente Correa, que inicialmente minimizó las denuncias y atacó a la prensa, luego pidió que se declararan nulos los convenios con su hermano. Pero la disposición solo fue verbal. En los documentos recabados por la Veeduría no existe ninguno en el cual el Presidente de la República disponga la terminación unilateral de los contratos. Para que surtan efecto -señala el informe- “en derecho público solo se pueden dar disposiciones por escrito, debidamente motivadas y fundamentadas”. El Presidente, al dar instrucciones verbales, corrió el riesgo de que las mismas no fueran acatadas. Eso ocurrió, por ejemplo, en Petroecuador y Senplades (INAR).

“Yo voy a cumplir con lo que dije en la CNN el 14 de junio, que cuando se haga un informe, actuaré en derecho pero mientras no me notifiquen no puedo pronunciarme”, dijo Fabricio Correa, al ser consultado por este Diario sobre la difusión del informe. “No quiero declarar nada hasta no tener un documento. Ruego que me comprenda porque luego me sacan de contexto”.

Otra de las conclusiones de la Veeduría es que el presidente Rafael Correa sí conoció que su hermano Fabricio tenía contratos con el Estado, antes de que estallara el escándalo.

En varias oportunidades, el Primer Mandatario aseguró que su hermano concretó los contratos a sus espaldas. No obstante, los veedores aseguran que sí lo supo. Se sustentan en algunas evidencias. Una de ellas es la declaración que rindió en ese organismo el ex ministro de Obras Públicas, Jorge Marún, quien dijo que todos los procesos contractuales del Plan Relámpago (donde se incluyen algunos contratos con las firmas de Fabricio Correa) fueron conocidos por la Presidencia; además, las declaraciones que dio el presidente Correa en una entrevista con los periodistas Gonzalo Ruiz y Andrés Carrión en Canal 1, en el Gabinete itinerante en La Joya de los Sachas... En el diálogo con Ruiz y Carrión, Correa afirmó que conoció de la compra de Cosurca meses después de que se concretara la negociación. “Me puse furioso y pedí a mi hermano que por favor no contratara con el Estado”, dice el Mandatario.

Cosurca fue comprada el 27 de octubre del 2008 por la compañía panameña International Energy Overseas Corporation. Esta firma, a su vez, era propiedad de Megamaq, parte del holding diseñado por Fabricio Correa, para acceder a contratos públicos.

Antes de ser adquirida por Correa, Cosurca atravesaba un situación económica crítica, pero luego de su venta su panorama cambio: selló la firma de cinco contratos, por más de USD 67 millones con el Estado. La notificación del traspaso de acciones recién se concretó en junio del 2009.

 

En una primera reacción al informe, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, calificó como un disparate el señalamiento de que el Presidente sí conocía las contrataciones. “¿De qué prueba disponen para sostener tamaño disparate? No se puede concluir algo tan ligero y dañar la honra de un ciudadano, sin demostrarlo con pruebas, por más veedores que sean”, sostuvo.

Al referirse a otros contratos recibidos por las firmas de Correa, los veedores señalan: la planta de reinyección de agua en el pozo Auca 16; órdenes de trabajo de limpieza y remediación ambiental, de servicios logísticos y venta de material para remediación ambiental. También los subcontratos de geofísica en los campos Auca, Cononaco, Bloque 15 y Bloque 5, con BGP y Sinopec, el movimiento de tierras para el Programa Socio Vivienda Guayaquil, el subcontrato en el Proyecto Hidroeléctrico Baba, el subcontrato en el proyecto Mazar; el proyecto Almacenamiento y Distribución de GLP para la zona sur.

Además, se presume la participación en empresas mineras como Kinross-Aurelian y empresas de comercialización de crudo.

Con todos estos antecedentes, la Veeduría no se explica por qué no existe ningún funcionario público, trabajador o contratista que haya sido sancionado civil, administrativa o penalmente por la serie de irregularidades que presumiblemente se cometieron.

Además, presume que hubo premeditación e ilegalidad para el desarrollo de este esquema contractual. Al ser propiedad de Fabricio Correa Delgado, las compañías panameñas International Energy Overseas Corporation e International Engineering Corporation configuraron una simulación societaria.

Asimismo, estableció un perjuicio aproximado de USD 143 millones por los ajustes de precios de los contratos, la postergación de las obras... La contratación con empresas no calificadas ni técnica ni económicamente, por lo cual se producen serios desfases en la entrega de los proyectos, que no han sido remediados.

El Incop no verifica los datos

La investigación de los contratos de Fabricio Correa con el Estado también le permitió a la Veeduría visualizar una serie de limitaciones en el Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop).

En este sentido, la Veeduría no ha podido establecer por qué razón este Instituto no verifica la información entregada por los proveedores. Además, por qué razón no tiene un control previo o, al menos, posterior de los procesos, constituyéndose simplemente en una página web y no en un Instituto con autoridad. El Director de este organismo fue invitado y se presentó ante la Veeduría, la copia de su comparecencia constituye parte de este informe.

Por ejemplo, la Veeduría observa que en la mayor parte, (los procesos realizados por Petroecuador y Petroamazonas no se incluyen dentro de este portal), de los procesos, el Instituto interviene garantizando la idoneidad de los participantes en las distintas modalidades de contratación.

Pero presume que tiene un sistema de manejo inadecuado de los procesos de compras públicas, pues no existe verificación previa ni control posterior por una tercera parte de la relación contractual y cumplimiento de los contratos por parte de los proveedores.

Tampoco existe una verificación documental cruzada entre los proveedores y el Instituto, produciéndose una falta absoluta de control de maquinarias, que pueden estar presentes en lugares diferentes y en empresas distintas al mismo tiempo. “No se ha encontrado en esta institución ninguna disposición para que se verifique la presencia de familiares del Presidente y se evite su participación en contratos con el Estado.

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