A dos días de que la marcha por la vida llegue a Quito -en la que la Policía brindará seguridad- el presidente Rafael Correa decidió indultar a dos uniformados sentenciados por la asonada del 30 de septiembre de 2010 (30-S).
Ayer, el Primer Mandatario firmó los decretos ejecutivos 1108 y 1109, en los que concede el “perdón” a los policías Jaime Vinicio Paucar y Luis Bahamonde.
Ambos policías fueron sentenciados por la Corte Nacional a dos años de prisión correccional, por atentar contra la integridad de Correa el 30-S, en las instalaciones del Regimiento Quito.
El cabo Luis Bahamonde fue acusado de haber rociado gas pimienta en el rostro del Jefe de Estado, durante la asonada policial. Mientras que el cabo Jaime Paucar fue juzgado por haber intentado quitarle la máscara antigás al Presidente, durante la revuelta.
En el texto de ambos decretos, el Presidente argumenta que los uniformados pidieron “perdón” por sus faltas. Por ello, Correa decidió aplicar la Ley de Gracia, como lo había ofrecido si los policías procesados por el 30-S reconocían sus culpas y ofrecían disculpas públicas.
Antes de que se concrete el perdón, los expedientes de Bahamonde y Paucar alcanzaron informes favorables de tres entidades, como lo señala la Ley.
El primero del Instituto de Criminología de la Universidad Central, sobre sus índices de peligrosidad. El segundo del Centro de Rehabilitación Social N°4 de Quito, en los que todavía se encuentran recluidos. Y el tercero del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que aceptó dar el perdón por razones humanitarias.
Con el cumplimiento de esos pasos, el presidente Correa firmó los decretos, que dan luz verde al proceso de liberación de los implicados. Adolfo Moreno, abogado del cabo Bahamonde, dijo que en las próximas horas espera que se concrete la liberación de la cárcel 4, que hasta el cierre de la edición no se concretaba.
¿Hay alguna relación entre el indulto y la cercanía de las manifestaciones de grupos sociales?
El coronel (r) Luis Hernández señala que ninguna acción en el campo político está aislada de su coyuntura. Por ello, el ex constituyente cree que el Gobierno apuesta a apagar ciertos conflictos que, unidos a la movilización de mañana, pueden convertirse en un dolor de cabeza mayor.
“Todo indica que trata de resolver conflictos creados y ante posibles conflictos mayores”, reflexiona el ex asambleísta.
El analista Francisco Rocha tampoco cree que sea gratuita la acción del presidente Correa frente a los acusados del 30-S.
A su juicio, para leer esa medida presidencial se debe recordar el conjunto de los antecedentes de los procesos judiciales originados a raíz del 30-S. Específicamente a la postura del Gobierno, de buscar por qué se juzguen y condenen a todos los uniformados que, a su juicio, buscaron atentar contra la vida del Mandatario.
Sus palabras se refieren al hecho de que Correa insistió en que Paucar, Bahamonde, el policía Luis Martínez y el coronel César Carrión atentaron contra su integridad, en los hechos del 30-S. Y repitió por varias ocasiones que él estaba dispuesto a indultarlos, siempre que reconozcan que se rebelaron durante ese día. “Es un mensaje de amedrentamiento a la Policía; le dice que él puede ser magnánimo con quien se alinea a su Gobierno, pero que no pasará por alto que se vayan en contra de su autoridad”, señal Rocha.
De hecho, en las argumentaciones de ambos decretos ejecutivos, el Presidente señala que ambos Paucar y Bahamonde participaron “activamente” en una “tentativa de golpe de Estado”.
Para la familia del policía Luis Martínez, quien se negó a disculparse con el Presidente, tampoco hay dudas de que el indulto tiene un componente político. “Es evidente que en la Policía no se ha saneado el tema (30-S)”, señala su hermano Jaime Martínez. En el caso de este uniformado, su familia tiene previsto entregar una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A su juicio, sus derechos fueron vulnerados. Actualmente se encuentra fuera del país.
Fechas claves de los procesos judiciales contra
Sept. 2011
La Tercera Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha condenó a dos años de prisión correccional a tres policías por magnicidio a los policías Jaime Vinicio Paucar, Luis Bahamonde y Luis Martínez.
Octubre 2011
La condena fue ratificada por la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia, el 14 de octubre del 2011. En noviembre ambos pidieron disculpas públicas al Mandatario por la participación en la sublevación.
Diciembre 2011
Comenzó el trámite formal del indulto. El Gobierno había ofrecido aplicar la Ley de Gracia. El 12 de enero de 2011 la Cárcel 4 dio el certificado de buena conducta de ambos reos para seguir con el trámite.
Marzo 2012
El 14 de marzo la Corte Nacional de Justicia resolvió aprobar el pedido de indulto para ambos policías. Seis días después el presidente Rafael Correa firmó los decretos para concretar el perdón.
El caso Araujo, pendiente
El mayor (r) Fidel Araujo, acusado por el Gobierno de supuesta instigación a la rebelión el 30-S, está a la espera de Corte de Pichincha acoja su recurso, para dejar sin piso la anulación del proceso que lo declaró inocente.
La semana pasada, la Corte decidió dejar sin piso la resolución del Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha. Su argumento fue que el Tribunal no podía juzgar a Araujo en una audiencia pública. Por eso decidió anular todo el proceso y devolverlo al tribunal de primer nivel.
Araujo permaneció detenido durante seis meses antes que haya sido declarado inocente. En la actualidad debe presentarse una vez a la semana ante el Tribunal Cuarto y tiene prohibido salir del país. El ex miembro del PSP ha lamentado que los jueces no hayan tenido la “fuerza moral” para aplicar el debido proceso de su caso.