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30-S: nuevos entredichos políticos y jurídicos

En el norte de Quito. El fiscal Miguel Jiménez y el perito Ney Bravo dejan el hospital tras la diligencia.

En el norte de Quito. El fiscal Miguel Jiménez y el perito Ney Bravo dejan el hospital tras la diligencia.

Con llave en mano, el perito Carlos Echeverría se acercó hasta la puerta que comunica al Hospital de la Policía con el Regimiento Quito 1 (RQ1). La introdujo en el candado, lo accionó y se abrió.

Este pasaje fue parte de la diligencia de reconocimiento de lo ocurrido en uno de los sitios de mayor conflicto durante la revuelta del 30 de septiembre.

El presidente de la República, Rafael Correa, denunció que esa puerta fue cerrada con candado para impedir su evacuación desde el RQ1. Al coronel César Carrión, ex director del Hospital policial, se lo inculpa de ser el responsable de aquella acción.

Bajo una persistente llovizna, ayer, a las 15:00, se inició la diligencia. El fiscal Luis Miguel Jiménez ingresó por el RQ1 y para no mojarse se protegía con el forro de un asiento de vehículo.

Y desde el lado norte, después de ascender por las escalinatas por donde fuera trasladado el Primer Mandatario hacia Emergencia, acudieron los peritos Echeverría y Ney Bravo, el abogado de Carrión y los delegados del Ministerio de Justicia.

Allí encontraron a Manuel (nombre protegido), miembro del Departamento de Mantenimiento del Hospital de la Policía. Este tuvo que interrumpir sus labores en el taller que está a cinco metros de la puerta para responder varias inquietudes del fiscal.

Entre otras cosas, Jiménez le preguntó si conoce a Carrión y si el 30 de septiembre lo vio en ese sitio. También si es que ese día vio si la puerta estaba cerrada. El interrogado se limitó a decir que él miró los hechos desde la terraza de la casa de salud.

No obstante, la principal preocupación del fiscal y de los peritos fue verificar si la llave que entregó César Carrión, en una comparecencia anterior, correspondía al candado que hasta ayer permanecía en la puerta.

También acudieron a la oficina de Mantenimiento (costado sur del Hospital), donde hubo un interrogatorio a otro empleado.

Una hora duró la diligencia. Y antes de retirarse del lugar, Jiménez anticipó que en los próximos días se citará a más personas para que den sus versiones dentro de este proceso.

Sin embargo, Stalin López, abogado de Carrión, cuestionó la diligencia. “Pedimos al fiscal que autorice el traslado del coronel al sitio, pero no llegó el oficio a la Cárcel 4 (allí está detenido). Además, protestó aduciendo que se tomaron versiones de personas que nada tienen que ver con el caso.

Una acción de protección

La oposición presentó una acción de protección en contra del presidente Correa; del ministro de Defensa, Javier Ponce, y del Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Ernesto González.

Los legisladores Leonardo Viteri (PSC), César Montúfar (Concertación Nacional), Fernando Aguirre y Fausto Cobo (PSP) sostienen que hubo un mal manejo de la crisis del 30- S.

No encuentran una justificación para la incursión violenta al Hospital de la Policía Nacional. Para ello se apoyan en el art. 44 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Aseguran, que en representación de la clase médica y de los pacientes, decidieron denunciar.

Esto se fundamenta en el convenio de Ginebra por violación a los derechos humanos. Los cuatro asambleístas contrarios al oficialismo, a los que se suma Andrés Páez (ID), creen que se trató de un claro crimen de lesa humanidad, porque se atentó contra la salud y la vida de 300 personas. 40 de ellas eran pacientes de la Maternidad (parturientas y bebés).

Dicho convenio, sobre la protección a los civiles, en tiempos de guerra, señala en el art. 16 que los heridos y enfermos, así como los inválidos y mujeres en cinta serán objeto de protección y respeto particular. En el art. 18 apunta que las casas de salud, en ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques.

Aguirre mostró una munición calibre 5,56, que según precisó, es usada por las fuerzas especiales en los fusiles HK y AUG.

El legislador de Sociedad Patriótica se preguntó: ¿qué vida vale más: la de Correa o la de cualquier ecuatoriano? Y respondió que la de todos debiera valer lo mismo. Por ello no le parece correcto que ese 30 de septiembre haya dejado siete ciudadanos muertos y 200 heridos.

Montúfar explicó que lo mejor habría sido que los médicos, enfermeras y pacientes hubieran presentado la denuncia. Pero indicó que la gente tiene miedo de ser perseguida por el Gobierno. Recordó el caso de Carrión.

La oposición agotará las instancias nacionales para luego acudir a Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, entre otras. Hace dos días les notificaron que la apelación al Tribunal III de lo Penal, que rechazó su acción de protección por la cadena de medios del 30-S, fue aceptada.

Lea el Blog Desde la Tranquera: ¿Por qué Correa se olvidó de Carrión?

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