Mañana arrancará la recolección de firmas para intentar revocar el mandato del presidente Rafael Correa. El acto se cumplirá paralelamente en Guayaquil y Quito. Será liderado por Carlos Vera. Él fue uno de los primeros que acogió este derecho contemplado en la Constitución, para llevar a un referéndum la presidencia de Correa. Lo hizo la segunda quincena de agosto y luego llegaron 260 solicitudes al Consejo Nacional Electoral.En este paquete hay un variopinto de dignatarios que fueron electos en el 2009. Los principales son Correa; el titular de la Asamblea, Fernando Cordero; el alcalde de Quito, Augusto Barrera; el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, entre otros.
Según establecen las normas vigentes, todas las personas que impulsan la revocatoria de mandato deberán reunir cierto porcentaje de firmas en comparación del último padrón electoral. El mayor es para el caso del Presidente de la República, para el cual deberá tener 1,5 millones de firmas.
Vera deberá alcanzar esta cifra en los próximos seis meses y presentarle al Consejo Electoral. El organismo tendrá que revisar la legalidad de las firmas y luego de eso podría convocar a un plebiscito sobre la permanencia de Correa. Para que se termine su mandato su rechazo deberá alcanzar la mayoría absoluta de las personas que acudan alas urnas.
La última encuesta de Cedatos, realizada en agosto, advierte que existía desconocimiento sobre las revocatorias. Solo el 39% de los consultados dijo conocer de la existencia de las revocatorias.
En ese sentido, se preguntó el apoyo que tendría la propuesta de Vera. Según Cedatos, un 56% votó contra la salida del presidente Correa; un 37% apoyó la salida y el 7% no precisó la respuesta.
Además, del desconocimiento, el proceso de revocatorias pudiera sufrir una reforma legal. Los alcaldes (hay 69 impugnados) piden que ese texto sea modificado para evitar que se use como un instrumento político y no como un recurso de participación ciudadana. La idea tiene el apoyo del Ejecutivo. El art. 61 de la Constitución establece el derecho de los ecuatorianos de revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.