6 de February de 2011 00:00

228 personas entraron en 10 meses

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La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Marcela Miranda, firmó los contratos de 228 personas que ingresaron entre el 25 de marzo y el 31 de diciembre al organismo.

Ninguno de ellos se sometió a un concurso para ser ubicados en sus respectivos puestos, solamente entregaron sus carpetas y se los designó. Sin embargo, eso no es ilegal, según la Ley Orgánica de Servicio Público.

Para el especialista en temas laborales, Iván Nolivos, están exentos de hacer concursos si son contratos de servicios ocasionales. Justamente, esa es la figura bajo la cual se contrató a la mayoría de ese personal que registra el organismo de Transparencia y Control Social.

Sin embargo, el art. 58 de la aprobada Ley Orgánica de Servicio Público establece que “la contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el 20% de la totalidad del personal de la entidad; en caso de que se superare dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de Relaciones Laborales, estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso”. Las 228 personas, según Nolivos, suman 200%, lo cual es ilegal.

Este Diario pidió una entrevista con la presidenta Miranda para conocer detalles de proceso laboral que ha avalado durante su gestión, pero no accedió.

El art. 42 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación da a la Presidenta de esa institución la atribución de “nombrar a los servidores del Consejo y ejercer las demás acciones propias de la administración de personal (...)”.

Para el asambleísta Andrés Páez, habría que preguntarse “por qué se premia a la vagancia y por eso debe entrar a investigar la Contraloría”. Dice que se puede plantear una acción de juicio político y seguirles un visto bueno por ineptitud manifiesta. “Hay que castigarles por no hacer lo poco que han tenido que hacer”. Él no se abanderará del proceso sino que invocará a la oposición para abrirlo.

“La necesidad de contratar a esa gente se realiza a través de la ahora denominada Unidad de Talento Humano”, dice Nolivos. Sin embargo, aún el Consejo no tiene un manual de puestos aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Los sueldos de todos quienes han ingresado al Consejo son altos (ver cuadro). Sin embargo, el trabajo que se ha reflejado hasta el momento es poco visible. Antes del 18 de marzo, día en que se posesionaron los siete consejeros titulares, en este organismo trabajaban 94 funcionarios con nombramiento (no son de libre remoción). Ellos pertenecían a la Secretaría Nacional Anticorrupción y a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción que se fusionaron para integrar el Consejo, según lo establece el art. 30 del Régimen de Transición.

Los 228 nuevos funcionarios ganan sueldos de entre USD 695 y USD 4 805. Otros cuatro funcionarios fueron seleccionados en el Pleno con base en ternas que presentó Miranda. Y 18 asesoran a los otros seis vocales; por lo tanto, fueron escogidos a discreción de cada uno de ellos. Entre ellos, personas que ya han rotado por ministerios junto con Ricardo Patiño. Por ejemplo, Patricia Bermúdez y Reinaldo Roca, asesores de la presidenta del organismo Marcela Miranda. La relación de la socióloga con el Ministro de Relaciones Exteriores viene desde que Miranda presidió la denominada Cooperativa de Todas, creada por Patiño.

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