Setenta y tres iniciativas y proyectos de ley represados, desde octubre del 2010, fueron revisados por los siete asambleístas (cuatro afines al oficialismo y tres a la oposición), que integran el Consejo de Administración Legislativa (CAL), informó uno de sus miembros, Francisco Ulloa (MPD- Pachakutik).
Esta mañana, el CAL calificó 17 proyectos de los 73. Son ocho relacionados con reformas del Código Penal y los asignó a la Comisión de Justicia. Los autores de esas propuestas son los oficialistas Washington Cruz, Gina Godoy, María Vicuña y Mary Verduga y César Montúfar (Concertación), Andrés Páez (ID) y Paco Fierro (PSP).
Tres proyectos relacionados con seguridad ciudadana, que fueron entregados a la Comisión de Seguridad y Relaciones Internacionales. El tratamiento de ellos no será inmediato, iniciaría el 26 de octubre, porque la mesa tiene otras tareas pendientes. Los autores de esas iniciativas son Henry Cuji (independiente, cercano al oficialismo), Paco Moncayo (Alianza Libertad) y el Presidente de la República.
Cinco proyectos de reforma a la Ley de Seguridad Social, van a la mesa de Derechos de los Trabajadores. Los autores: Nívea Vélez, la socialista Silvia Salgado, Línder Altafuya (MPD), Rafael Dávila y Marco Murillo (Alianza Libertad).
También un proyecto de reforma a la Ley de Instituciones Financieras, presentado por Paco Velasco (A. País), que irá Régimen Económico y Tributario, la comisión que preside.
Los 56 proyectos restantes aún no han sido asignados a ninguna de las 13 mesas. Ulloa y el oficialista Juan Carlos Cassinelli, vicepresidente de la Asamblea, se encargarán de clasificarlos según temáticas, para recomendar a los demás integrantes del CAL a qué comisión enviarlos. Los legisladores tendrán 10 días para cumplir esta tarea, la primera reunión de trabajo será el martes, luego de la sesión del Pleno, en la que pudiera continuarse con el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Las propuestas de ley represadas tratan sobre derechos de poblaciones vulnerables, fomento a empresas, derechos indígenas, de migrantes, reformas a la Ley de Extranjería, a educación, entre otros.