9 de September de 2010 00:00

166 nacionalizaciones de cubanos fueron anuladas por la Cancillería

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Redacción Política

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La Cancillería anuló 174 procesos de nacionalización de ciudadanos extranjeros. La decisión se tomó porque las regularizaciones fueron obtenidas mediante declaraciones ilegales de uniones de hecho y matrimonios falsos.

Ahora se iniciarán investigaciones para determinar si los 174 extranjeros, entre los que están 166 ciudadanos cubanos, seis chinos, una colombiana y un paquistaní están en calidad de emigrantes ilegales, si cometieron algún delito penal o si fueron víctimas de estafa en el Registro Civil.

Por ello, se notificó de la decisión tomada a la Dirección Nacional de Migración y a la Fiscalía para que analicen cada caso, explicó el subsecretario general de Asuntos Consulares, embajador Leonardo Carrión.

“Puede ser que en este tiempo los extranjeros hayan tenido hijos ecuatorianos, que en realidad se hayan casado por amor y sus abogados los llevaron ante el Registro Civil de Riobamba, que era ilegal, sin saberlo... Por ello se debe estudiar jurídicamente cada proceso”, manifestó el Subsecretario.

Aunque también aclaró que un gran porcentaje de los extranjeros que fuera señalado en estas investigaciones, salió del país.

La Fiscalía inició procesos penales en contra de 76 personas que están involucradas en el caso. También emitió su instrucción en contra de los funcionarios públicos que supuestamente colaboraron con la red de tráfico ilegal de documentos a extranjeros.

A finales de agosto, la Contraloría emitió un informe en el que se determinaban indicios de responsabilidad penal en contra de varios ex funcionarios del Registro Civil, de la Cancillería, etc.

Entre ellos, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Javier Aguiñaga, hermano de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga.

Él aseguró que el informe de Contraloría fue “alterado” para perjudicarlo. Pues -a su criterio- nunca se demostraron indicios de responsabilidad penal, sino solamente administrativa.

“Se dice que yo nunca presenté las pruebas de descargo, pero eso es mentira. Yo mandé dos cartas en las que explicaba los señalamientos administrativos que me hicieron”, señaló Aguiñaga.

No obstante, para el secretario de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, el documento es contundente y demuestra actos irregulares. Por ello, dijo que no entiende por qué Aguiñaga trabaja ahora en la Procuraduría General, como abogado patrocinador.

Incluso, pidió al procurador Diego García que inicie un sumario administrativo contra Aguiñaga, para destituirlo de su cargo.

Pero el ex funcionario de Cancillería consideró que esto es descabellado. “Los sumarios administrativos se inician cuando he cometido alguna falta en mi trabajo y no lo he hecho. El señor Roldán quiere que me remuevan de mis funciones por el proceso en la Cancillería, que no tiene nada que ver con mi cargo actual. El señor Roldán toma el informe de Contraloría para presionar por mi salida de la institución”.

Además, explicó que él es funcionario de carrera de la Procuraduría y no entró con contrato recientemente. “Yo siempre fui empleado de la Procuraduría. Y fui al Ministerio de Relaciones Exteriores en comisión de servicios. Cuando se terminó la comisión regresé a mi cargo base”, informó.

Para evitar que se cumpla la solicitud de Roldán, Aguiñaga presentó una acción de protección. Está previsto que la próxima semana se realice la audiencia judicial para resolver el caso.

Él espera que con la decisión de la justicia se desestime el informe de Contraloría y se evite que se lo use como argumento para removerlo de sus funciones.

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