24 de octubre de 2018 16:19

Corren plazos para juicio político a exprocurador Diego García

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició el trámite del juicio político en contra de Diego García, quien se desempeñó como Procurador General del Estado entre 2008 y enero de 2018. Foto: Archivo EL COMERCIO

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició el trámite del juicio político en contra de Diego García, quien se desempeñó como Procurador General del Estado entre 2008 y enero de 2018. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Política

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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea arrancó este miércoles 24 de octubre del 2018 con el trámite de juicio político en contra de Diego García, quien se desempeñó como Procurador General del Estado entre 2008 y enero de 2018.

El proceso lo impulsa la asambleísta Mae Montaño (exCREO) por supuesto incumplimiento de funciones, al acusarlo de actuar con “negligencia” en representación del Estado en el juicio al exvicepresidente Jorge Glas y demandas internacionales perdidas por el país.

La Comisión se reunió hoy y por unanimidad de los nueve asambleístas presentes (de los 12 que la integran) decidió arrancar con el proceso, tras verificar el cumplimiento de los requisitos.

“Desde hoy ya empiezan a correr los 15 días para recibir a la proponente y que ella presente sus pruebas de cargo, y luego recibir al exfuncionario imputado”, informó Kharla Chávez (AP), vicepresidenta de la mesa legislativa.

La solicitud de Montaño cuenta con las firmas de respaldo de 37 firmas de asambleístas de partidos de oposición. Fue presentada en junio pasado, pero el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) la calificó en septiembre pasado.

Para este jueves 25 de octubre, a las 08:30, el Pleno de la Asamblea, en cambio, está convocado para cumplir la última etapa del juicio político a Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, que podría terminar en una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.

En este caso, la solicitud de enjuiciamiento fue presentada por las asambleístas Tanlly Vera, Rina Campain (CREO) y Carmen Rivadeneira (AP), por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley, al haber usado para otros fines unos 300 millones de dólares del fondo destinado a la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de 2016.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el funcionario enjuiciado políticamente ejercerá su derecho a la defensa por el lapso máximo de tres horas. A continuación, las asambleístas interpelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas. Luego, replicará el funcionario máximo en una hora.

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