Mariano Zambrano señala que impugnará resolución de destitución de la Contraloría

Mariano Zambrano, prefecto de Manabí en declaraciones a la prensa, después de recibir la notificación de su destitución. Foto: EL COMERCIO

Mariano Zambrano, prefecto de Manabí en declaraciones a la prensa, después de recibir la notificación de su destitución. Foto: EL COMERCIO

Mariano Zambrano, prefecto de Manabí en declaraciones a la prensa, después de recibir la notificación de su destitución. Foto: EL COMERCIO

El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, señala que el informe de Contraloría que ratifica su destitución carece de elementos de derechos que la sustenten.

“He sido notificado con una resolución de la Contraloría General del Estado el 24 de octubre del presente año, a las 19:45, donde se confirma una pretensión de destitución del prefecto provincial de Manabí”, refirió.

Zambrano, en declaraciones a la prensa, menciona que le llamó la atención la divulgación de un oficio en el que se notificó al Ministerio de Trabajo sobre la resolución “anticipadamente sin que haya sido notificado aún”.

“Esta resolución es susceptible a la impugnación y recurriré a las instancias correspondientes para ejercer la defensa de la voluntad del pueblo de mi provincia”, dijo al día siguiente de que fuera notificado.

Zambrano, en rueda de prensa en Portoviejo, aseguró que por tanto las funciones de prefecto están intactas, porque la resolución no está en firme y que seguirá actuando normalmente en ese cargo que ganó en las urnas.

“El Contralor General subrogante no tiene competencia para ejecutar la destitución de ningún funcionario público de elección popular”, puntualizó.

La Contraloría dispuso el pasado 19 de octubre la destitución del prefecto de Manabí. El documento en el que se ratifica la medida se hizo público el 24 de octubre.

El pasado 30 de julio, el contralor Pablo Celi anunció que había un examen especial en el que se recomendaba esta medida por unos contratos realizados por la Prefectura de Manabí en el territorio de La Manga del Cura.

Según Celi, en esos contratos se evidenciaba que había “un conjunto de rubros que han sido pagados sin evidenciar la construcción de la obra y procesos de contratación con plazos que se exceden a los tiempos establecidos”.

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