11 de 17 leyes prioritarias se aprobaron en este 2019 en la Asamblea Nacional
Las reformas a la Ley Legislativa, el Código de Seguridad y las reformas laborales quedan pendientes. En la foto, la Comisión de Derechos de los Trabajadores, presidida por Karina Arteaga (centro). Foto: EL COMERCIO
Las disputas internas en las comisiones de la Asamblea Nacional, las cuales fueron reorganizadas a mediados de este 2019, repercutieron en la agenda de esta Función del Estado.
La intención del presidente del Parlamento, César Litardo (AP), cuando el 14 de mayo relevó a la también oficialista Elizabeth Cabezas, era tratar 17 leyes en el Pleno antes del 2020.
Si bien hasta el jueves, 19 de diciembre del 2019, en la última sesión del Pleno, logró aprobar 11, siendo las de mayor importancia las reformas al Código Penal, a la Ley Electoral y en materia económica, le faltaron seis para cumplir con la meta.
Entre los pendientes constan el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y las reformas a la Ley de Movilidad Humana, que están a cargo de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales.
El presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo), ha tenido que sortear problemas para lograr consensos, sobre todo con asambleístas del correísmo, quienes cuestionan el manejo de la mesa.
Flores resalta como un hito la aprobación del informe para la denuncia del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la suscripción de cuatro convenios internacionales.
El caso más crítico de pugnas en el Parlamento durante este año fue el de la Comisión que se encarga de asuntos de Gobiernos Autónomos. La mesa recién pudo instalarse el 18 de diciembre pasado, con un retraso de siete meses, para aprobar un plan de trabajo.
En esta instancia, que preside Héctor Yépez (Creo) como presidente y Wilma Andrade (ID) como vicepresidenta, están represadas las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y la Ley de Límites, entre otras.
Además, el oficialista Lenín Plaza se lamentó porque como consecuencia de esta situación tampoco se pudo avanzar en el trámite de una propuesta legal sobre la dotación de agua potable para Esmeraldas.
Los reclamos de autoridades de las prefecturas y municipios, según reconocieron los propios legisladores, incidieron para que finalmente la Comisión empezara a trabajar.
Por parte del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) no se aplicaron sanciones. Tampoco en el caso de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que estuvo sin sesionar por cinco meses, hasta principios de octubre pasado, cuando María José Carrión (AP) se vio forzada a renunciar a la Presidencia.
Desde que la también oficialista Karina Arteaga asumió las riendas de la comisión, hace poco más dos meses, los debates se han enfocado en las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público sobre el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios.
Los cambios a la Ley de Seguridad Social y el nuevo Código de Trabajo, no obstante, todavía siguen a la espera de definiciones.
Otra de las 13 comisiones cuyo trabajo se ha vuelto intermitente es la de Derechos Colectivos, que preside Jaime Olivo, de Pachakutik. Esta debía entregar un informe al Pleno para el segundo debate de la reforma al artículo 5 de la Ley de Comunicación, donde se cataloga a la comunicación como un servicio público.
El CAL no logró sumar voluntades para reformar el reglamento interno, y sancionar a los asambleístas que no acuden a las comisiones. El tema solo quedó en anuncios.
El vicepresidente César Solórzano (PSP-BIN), cree que los vacíos legales podrán corregirse con la reforma a la Ley de la Función Legislativa, que, según dijo, serán una prioridad para el nuevo año. Los cambios a esta Ley están entre los pendientes de la Comisión de Justicia, presidida por Ximena Peña (AP), donde también se tramitaron las reformas al COIP y al Código de la Democracia.
Después de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, el presidente Litardo mencionó que entre los temas prioritarios estarán el nuevo Código de Salud, la Ley de Emprendimiento, Ley de Pesca, reformas laborales y la Ley de Tránsito.
El coordinador de Creo, Luis Pachala, considera que las últimas decisiones legislativas han contribuido “a la estabilidad de la economía y a no ahondar en la crisis”.
Las propuestas del Ejecutivo en materia económica y tributaria obligaron a las comisiones de Régimen Económico y de Desarrollo a sesionar incluso en fines de semana, para cumplir con los plazos.
Otra de las que más sesionó fue la Comisión de Fiscalización, que preside Johana Cedeño. En los últimos siete meses mantuvo 78 reuniones. En ese lapso se tramitaron cinco juicios políticos, de los cuales dos fueron al Pleno. El caso de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quedó para enero.
En contexto
La reorganización del Parlamento para lo que resta del periodo se realizó el 16 de mayo pasado, en función de una mayoría compuesta entre Alianza País (AP), Creo y dos facciones de asambleístas independientes. En siete meses se aprobaron 11 leyes.
