17 de marzo de 2020 00:00

151 exámenes especiales hizo la Contraloría desde octubre del 2019

El balcón de servicios de la Contraloría General del Estado funciona en el exedificio del Biess, en el norte de Quito. Foto: Andres García / EL COMERCIO

El balcón de servicios de la Contraloría General del Estado funciona en el exedificio del Biess, en el norte de Quito. Foto: Andres García / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 8
Andrés García
politica@elcomercio.com

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Han pasado cinco meses desde que la sede matriz de la Contraloría General del Estado fuera incendiada. En todo ese tiempo, la entidad solicitó espacios en 12 instituciones para continuar con sus labores.

Desde enero del 2020, el balcón de servicios y otras 10 unidades administrativas empezaron a ocupar el exedificio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), en el norte de Quito, en convenio de uso con comodato. Esas dependencias están operativas. Incluso, en los exteriores del predio se colocó un letrero alusivo a la Contraloría.

La entidad aseguró que aún hay funcionarios que operan en la Plataforma Financiera, localizada en el norte de la capital. Por ello, están solicitando ocupar otro edificio para el traslado de ese personal. A pesar de las dificultades, las tareas de control no se detuvieron, precisó el organismo.

Entre octubre del 2019 y enero del 2020, se ejecutaron 151 exámenes espaciales y se emitieron 373 órdenes de trabajo a escala nacional, para el inicio de auditorías. En ese mismo periodo se aprobaron 461 informes generales y 43 con indicios de responsabilidad penal.

Uno de los últimos informes que elabora la entidad involucra al Consejo Nacional Electoral (CNE). Este martes vence el plazo para que las autoridades electorales presenten sus descargos respecto del informe de seguimiento que lleva adelante la Contraloría.

La entidad, en agosto del 2019, aprobó un examen especial a los sistemas informáticos del CNE, plataforma tecnológica y contratos, así como al proceso de calificación y extinción de organizaciones políticas, entre el 1 de febrero del 2013 y el 31 de agosto del 2018.

En ese documento se detectaron 118 802 firmas con inconsistencias, pertenecientes a trece organizaciones políticas.

Además, según Contraloría, los movimientos Fuerza Compromiso Social (correísmo), Libertad es Pueblo, Podemos y Justicia Social no habrían cumplido los requisitos legales para obtener su personería. Por ello, recomendó al CNE “vigilar” su situación legal.

También se recomendó adoptar mayores medidas de seguridad y control en estos sistemas de verificación. Sin embargo, la semana anterior Contraloría anunció que, de las 19 recomendaciones efectuadas, el CNE cumplió tres, incumplió nueve y siete se ejecutaron parcialmente.

En el borrador se recomienda al CNE dejar sin efecto la inscripción de los cuatro movimientos observados.

La razón: entre enero y febrero de este 2020, con los votos de los consejeros electorales Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, se ratificó la personería jurídica para los movimientos cuestionados por Contraloría.

La titular del CNE confirmó que tienen plazo hasta este 17 de marzo del 2020 para presentar sus descargos. No adelantó los argumentos que enviarán en su defensa.

A pesar de que la medida aún es preliminar, mientras no se apruebe el informe final de seguimiento, el proceso puso en la palestra el alcance de los exámenes especiales.

Fausto Camacho, exvocal del CNE, cree que la Contraloría no tiene la facultad de cambiar las resoluciones aprobadas en una institución.

Cita al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que establece que “la auditoría gubernamental no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones”. Sin embargo, la norma establece que se podrá examinar “la actuación del servidor” conforme a la ley.

Para el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, el borrador pide revisar nuevamente la situación legal de los cuatro movimientos observados. “La mayoría (bloque) decidió que como estas organizaciones ya habían participado en procesos electorales, ya no procedía realizar una revisión”, señaló.

El consejero José Cabrera, en cambio, sostuvo que sí cumplieron con la verificación jurídica de las tiendas políticas. “Daremos el trámite respectivo para su cumplimiento, una vez que recibamos el informe final”, comentó el vocal.

Ana Marcela Paredes, exconsejera electoral, recordó que toda decisión adoptada por el Pleno puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso (TCE). Considera que sí se deben tomar en cuenta las recomendaciones de Contraloría y criticó la “débil institucionalidad” del CNE.

Otra de las recomendaciones incumplidas es no haber implementado un mecanismo de consulta en línea de la afiliación política de los ciudadanos. Además, no se habría “salvaguardado información de la base de datos de inscripción de las organizaciones políticas, afectando su integridad”.

En las órdenes de trabajo del 2020 existen otros cuatro exámenes vinculados al CNE.

Dos de ellos, a las delegaciones electorales de Tungurahua y Cotopaxi, en donde se indagarán las operaciones administrativas, financiera
s, así como los ingresos, gastos y adquisición de bienes.

En la matriz se efectuará un control vehicular. También se revisará la conformación del padrón electoral, así como el conteo de votos y resultados, entre otros procesos.

En contexto

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el organismo tiene la atribución de exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría. Su inobservancia podría estar sujeta a sanciones.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (2)
No (3)