La asambleísta Cristina Reyes (Madera de Guerrero-PSC) ha sido una de las mayores opositoras de la Ley de Seguridad Laboral que se aprobó el martes pasado en la Asamblea Nacional. Y lo ha hecho desde su condición de miembro de la Comisión de Derecho de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea.
Reyes llegó hasta las instalaciones de Grupo EL COMERCIO para analizar la actuación de la Asamblea, sobre todo del oficialismo, durante el tratamiento de esta Ley que elimina la obligatoriedad al Estado de pagar el 40% de las pensiones de los jubilados.
Para Reyes, no hay una consistencia en los argumentos del oficialismo para negar ese pago y que sí existe una deuda del Estado al IESS. Además, sostuvo que lamenta que los legisladores del oficialismo siguen un libreto y que no puede ir más allá de lo que se dice en Carondelet.
Además, contó cómo se puede trabajar como parte de una oposición que, al menos en número, no puede contrarrestar la hegemonía de Alianza País. Pero que los costos políticos serán notorios porque, dice, hay indignación en la gente.