9 de marzo de 2021 00:00

1 093 policías vigilan a quienes tienen arresto domiciliario en Ecuador

Desde el 20 de diciembre, Freddy Barragán y dos agentes custodian en Quito a un exfuncionario público. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Desde el 20 de diciembre, Freddy Barragán y dos agentes custodian en Quito a un exfuncionario público. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Diego Puente
Redactor (I)

Dejaron las operaciones en las calles. Tampoco son tomados en cuenta para incursiones contra redes delictivas. Se alejaron de todo trabajo de seguridad ciudadana. Son policías que tienen la orden exclusiva de vigilar a personas con orden de arresto domiciliario.

Son 1 093 agentes que ejecutan esas tareas (en el país, la Policía tiene 50 000 uniformados). Unos han pasado cuatro años en esa asignación. Otros, un año y hay quienes van meses. No hay tiempo determinado para cumplir ese trabajo.

Este Diario habló con personal que tiene a cargo la seguridad de gente señalada por asociación ilícita, peculado, homicidio, tráfico de drogas, abuso sexual, robo, tráfico de armas, femicidio, acoso sexual.

Freddy Barragán es sargento. Desde el 20 de diciembre pasado, él y otros dos agentes custodian en Quito a un exfuncionario acusado de presunto peculado en un contrato firmado durante la pandemia.

Desde que se inició la emergencia por el covid-19, los jueces otorgaron arresto domiciliario a 28 sospechosos señalados por delitos de corrupción.

Según reglas internas, equipos como el de Barragán cubren turnos rotativos de 12 horas. Unos días trabajan de 07:00 a 19:00. Otros empiezan en la noche, pasan la madrugada y terminan en la mañana. Tienen tres días de descanso.

Para cada arrestado, la Policía destina como mínimo tres uniformados. Pero hay casos en los que se ha asignado hasta seis. Todo depende de la dimensión de la casa en la que permanecerá el imputado, del riesgo de fuga o de la zona en la que se encuentra el domicilio (si es de alto riesgo o no).

Jhonny Alcívar vigila a un procesado que acaba de cumplir 73 años y es señalado por un ataque sexual en Cuenca.

Jessica Achig, en cambio, custodia a una mujer embarazada que enfrenta un proceso penal por robo con muerte. Su casa está en Zaruma (El Oro).

El sargento Danilo Izquierdo y otros dos hombres más llevan cuatro años vigilando a una persona de 79 años. EL COMERCIO

El sargento Danilo Izquierdo y otros dos hombres más llevan cuatro años vigilando a una persona de 79 años. EL COMERCIO

Hace ocho meses, Johana León cuida a un imputado de 82 años, que tiene una condena por el homicidio de su esposa.

Por sus condiciones no fue trasladado a un centro, sino al domicilio. El procesado tiene Alzheimer y vive con su hijo, en un departamento ubicado en Solanda, en el sur quiteño.

Cuando el familiar sale al trabajo, León asegura que se queda sola. “Le doy incluso de comer. Hay que tenerle paciencia, porque a veces no se acuerda quién es o quién soy yo”. La agente cuenta que a veces el hombre se pone violento y lanza insultos. “Por eso no lo descuido un solo momento”.

No existe un reglamento escrito, pero por los lineamientos que reciben, el personal dice que los detenidos no pueden abandonar su vivienda, que deben vigilar la puerta incluso del baño. Indican que en las noches pasan en la sala o en algún lugar que les asignan.

“Son horas y horas de vigilancia”, cuenta un uniformado. “A veces podemos ver televisión”.

También hay casos en que los policías cuidan a personas cuyas casas se hallan en los mismos barrios donde realizaron los operativos y los detuvieron. “El riesgo de que nos ataquen crece”, dice un agente.

En enero de este año, un juez permitió que un hombre capturado con 139 kilos de droga en su vehículo permanezca detenido en su domicilio, pues presentó un certificado médico que decía que es adicto a las drogas y que necesitaba un trato especial. El sospechoso fue trasladado a su vivienda y el grupo policial fue reforzado.

El 7 de diciembre pasado, los gendarmes recapturaron a un hombre que se escapó de su casa, en una zona de Durán.

Las investigaciones determinaron que la huida fue organizada con una mujer. Mientras iban destrozaron el patrullero que servía para su custodia.

En Quito, el sargento Danilo Izquierdo y un equipo de dos hombres más llevan cuatro años vigilando a una persona de 79 años acusado de violencia sexual. Desde el 2017 lo custodia en el Comité del Pueblo.

La Policía indica que los 1 093 uniformados deberían estar en las calles en tareas de seguridad. Pero el Código Penal (art.537) establece que el arresto domiciliario se concede a mujeres gestantes o en los primeros tres meses de lactancia, adultos mayores y grupos con enfermedades incurables en etapa terminal, con una discapacidad severa o con una enfermedad catastrófica de alta complejidad, “que no les permita valerse por sí mismos”.

Los agentes aseguran que los jueces también deberían agilitar el trámite de las causas judiciales para que al final del proceso se determine si se mantiene o no el arresto en casa o se le emite otras medidas.

En diciembre del año anterior se presentó un análisis sobre la situación de 12 sospechosos que se encuentran en sus viviendas en El Oro.

En el documento se sostiene que, por ejemplo, una mujer sentenciada a 34 años de prisión por robo y muerte tiene tres años y seis meses con arresto domiciliario, “sin que la autoridad competente revise o analice esa medida”.

Otra mujer que en el 2017 fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por homicidio continúa en su casa con vigilancia policial. En el informe se pide que los magistrados dispongan que su condena la cumpla en una cárcel.

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