Cuatro policías son procesados por presunto delito de detención ilegal y tortura en UPC de Guayaquil

Los agentes tienen prohibición de salida del país y deben presentarse ante la Fiscalía en Guayas. Foto: Cortesía

Los agentes tienen prohibición de salida del país y deben presentarse ante la Fiscalía en Guayas. Foto: Cortesía

Los agentes tienen prohibición de salida del país y deben presentarse ante la Fiscalía en Guayas. Foto: Cortesía

Un Juez de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó las medidas cautelares contra los cuatro policías, por su presunta participación en los delitos de privación de libertad y tortura a un joven en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). El hecho ocurrió el 27 de enero del 2015, en el Suburbio de Guayaquil.

Los agentes tienen prohibición de salida del país y deben presentarse ante la Fiscalía en Guayas, como lo dispone el artículo 522, en sus numerales 1 y 2.

La resolución del juez Darwin Valencia se dio la tarde de este miércoles 22 de enero del 2020, tras la audiencia de formulación de cargos en contra de los policías.

También dispuso medidas de protección para la víctima, Víctor Laz Jama, como evitar que los procesados realicen actos de persecución y acercamiento. Y ordenó el inicio de la instrucción fiscal.

Según la denuncia, luego de su jornada de trabajo en una cevichería, el joven se trasladó a las canchas de fútbol del parque lineal, en el Suburbio de Guayaquil, diagonal a la UPC Cisne 5.

Cuando llegó al lugar, se acercó a sus amigos para iniciar el juego, pero fue aprehendido por dos policías vestidos de civil, que adujeron que se encontraba fumando marihuana y que era consumidor.

Pero, según la investigación, en la UPC el interrogatorio inició con agresiones. En el lugar también estaba otro joven con discapacidad. Los agentes los acusaron de “hacheros y consumidores de droga” y los golpearon, según la Fiscalía.

Billy Navarrete, secretario de la Comisión de DD.HH., dijo el caso refleja una supuesta práctica usual de abuso sufrido por jóvenes en barrios perifericos de Guayaquil. “Bajo acusacion de consumidores, dos jóvenes son detenidos arbitrariamente, castigados fuertemente y amenazados en instalaciones de Policía Comunitaria”.

Este organismo ha auspiciado la denuncia del joven y el 17 de enero organizó un plantón en la Unidad Judicial Valdivia.

La Fiscalía procesó el caso según lo dispuesto en los artículos 151 (tortura) y 160 (detención ilegal). El primer delito se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años, más los agravantes que aumentarían la pena hasta trece años; mientras que la condena para el segunda se establece entre tras y cinco años de cárcel.

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