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83 656 policías y militares custodiarán los recintos electorales y controlarán las medidas de bioseguridad

Los policías recibieron ayer las últimas disposiciones para ejecutar sus operaciones.

Los policías recibieron ayer las últimas disposiciones para ejecutar sus operaciones.

Los policías recibieron ayer las últimas disposiciones para ejecutar sus operaciones. Foto: Cortesía

Luego de que se proclamaran los resultados oficiales de la primera vuelta electoral, la fuerza pública arrancó la elaboración de una estrategia de seguridad para las elecciones presidenciales de hoy. La Policía desplegará en el país a 45 699 uniformados y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), a 37 957.

Las tropas recibieron tareas específicas que deben cumplir durante estos comicios.

Por ejemplo, los policías urbanos están encargados de controlar el orden público en los exteriores de 4 266 recintos de votación y en los edificios del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para evitar disturbios cuentan con 11 500 equipos antimotines y un número similar de vallas metálicas.

Cuando termine el sufragio, los gendarmes trasladarán las actas de escrutinio hacia los centros de digitalización.

Los agentes también tienen la disposición de evitar las aglomeraciones y la instalación de ventas ambulantes. Además, deben comprobar que las personas usen mascarillas. Esas medidas son para evitar los contagios del covid-19.

Otra misión a su cargo es que se cumpla el silencio electoral. Es decir, que no se haga proselitismo político en los lugares de votación. Además, realizarán operativos para que las personas respeten la ley seca.

La prohibición de venta y consumo de licor arrancó el viernes y culmina mañana a las 12:00. El Código de la Democracia sanciona con USD 200 a quien incumpla la disposición.

Carlos Ortega, vocero de la Policía, indicó que hay agentes que se encargarán de ejecutar boletas de captura vigentes y detener a personas que hayan incumplido el pago de pensiones alimenticias. Estadísticas que esa institución levantó durante la primera vuelta electoral del 7 de febrero muestran que en el país hubo 330 detenidos por apremio. 111 personas más tenían boletas de captura por haber cometido un delito.

Un grupo de uniformados también realizará labores de Inteligencia. La idea es que detecten posibles manifestaciones o disturbios. “Su tarea es levantar alertas tempranas para fortalecer las operaciones policiales”, dijo Ortega.

“Ellos también deben monitorear las noticias falsas, que se difundan a través de redes sociales y buscan desestabilizar o crear una alarma social”.

Para estas y otras operaciones, los gendarmes contarán con vehículos, motocicletas, helicópteros, blindados y radios de comunicación.

En cambio, el personal de Fuerzas Armadas recibió la disposición de transportar el material electoral desde las 24 delegaciones provinciales del CNE a cada recinto. Luego de las votaciones, los soldados se encargarán de trasladar las papeletas desde los planteles hasta las bodegas de cada delegación. La entidad castrense empleará 2 780 vehículos para ejecutar esta tarea.

Los militares también deben custodiar el interior de los recintos y las juntas receptoras del voto (JRV). La idea es controlar que las personas cumplan las medidas de bioseguridad, que no existan aglomeraciones y tampoco desmanes.

El trabajo de FF.AA. arrancó el 29 de marzo pasado. El personal se encargó de distribuir los kits electorales en el país.

Este proceso se inició en las islas Galápagos y en las provincias de la Amazonía. Culminó el viernes con la entrega del material en Pichincha.

Los militares usaron medios aéreos y fluviales para trasladar las papeletas a las delegaciones provinciales, cuyo acceso es difícil. Por el ejemplo, el jueves, utilizaron un avión para entregar el material en Chone y Flavio Alfaro (Manabí). Ese día hicieron lo mismo en el cantón Aguarico, en Orellana. Allí emplearon una lancha para atravesar un río.

Adicionalmente, el ECU-911 trabajará con 3 200 operadores de llamadas y de videovigilancia. Ellos atenderán las emergencias que se registren en cada ciudad y despacharán a policías, bomberos, paramédicos o agentes de tránsito al lugar del incidente. Esta información fue confirmada por su director, Juan Zapata.

Además, estarán operativas 6 500 cámaras de seguridad. Con estos dispositivos se monitoreará los recintos y sus alrededores para alertar a la Policía Nacional cuando se registren aglomeraciones o escándalos públicos. Este último hecho es sancionado con trabajo comunitario de hasta 50 horas o cárcel de uno a cinco días. Así lo establece el artículo 392 del Código Integral Penal.

En la primera vuelta electoral se reportaron 4 876 aglomeraciones de personas, 3 789 libadores, 2 682 escándalos y 31 878 emergencias.

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