En la foto se observa a un grupo de policías realizando controles en San Lorenzo. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La evaluación de los policías en la frontera norte aún no arroja resultados. El proceso, que se anunció en abril pasado, terminará su primera etapa el próximo 17 de septiembre.
Para esa fecha está previsto terminar con la evaluación de 287 agentes que trabajaron en San Lorenzo (Esmeraldas).
Ellos representan el 5,7% de los 5 000 uniformados que estuvieron en el cordón fronterizo desde el 2013 y que deberán someterse a las denominadas pruebas de confianza.
La Inspectoría de la Policía dice que el proceso de evaluación fue estructurado en cuatro grupos. El primero corresponde al Comandante del Distrito y sus oficiales cercanos.
El segundo está relacionado con los uniformados que trabajaron durante el último año.
El tercero agrupa a los agentes que laboran actualmente en San Lorenzo, y un último grupo abarca a los policías que fueron transferidos durante mayo y junio pasados.
Hasta el momento, ellos han cumplido con dos de las cuatro pruebas de confianza: toxicológicas y psicológicas.
Equipos especializados de la Inspectoría han acudido a la frontera para tomar los test técnicos que buscan descubrir si los agentes consumen drogas o tienen algún tipo de anomalía en su comportamiento.
Las otras dos pruebas que están pendientes son los estudios socioeconómicos y el polígrafo o detector de mentiras.
En este último, los uniformados deberán responder si durante su tiempo en la frontera fueron parte de agrupaciones delictivas vinculadas al narcotráfico o a grupos armados. Además, deberán decir si proporcionaron información confidencial a las redes y si se han beneficiado de las mismas.
En cambio, los estudios socioeconómicos verificarán si el patrimonio de los agentes es legal. De esta forma, los resultados de las cuatro pruebas servirán para posibles sanciones en contra de los agentes.
De hecho, cuando se anunció la evaluación, las autoridades de la Policía y del Ministerio del Interior indicaron que era importante conocer cómo actuaron los agentes que estuvieron en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.
En estas dos últimas provincias los policías se han enterado que serán evaluados solo por las noticias, pero no saben cuándo les llegará la notificación de la Inspectoría General.
Este Diario entrevistó a los agentes que han trabajado en esas provincias. Dicen que están dispuestos a presentarse a las evaluaciones, pero piden más información sobre las cuatro pruebas planteadas.
¿Cuándo terminarán los procesos de evaluación de todos los 5 000 agentes? La Inspectoría de la Policía todavía no tiene una fecha establecida.
Lo que sí detallan es que, de acuerdo con la planificación actual, el próximo año se iniciará con las evaluaciones de
Los tiempos se aplazan porque, actualmente, los recursos para la institución policial están reducidos. Así lo manifestó el ministro saliente Mauro Toscanini en una entrevista con este Diario. La Policía también lo confirma y dicen que para los procesos de evaluación “no tiene la capacidad” para valorar a 100 agentes por día, sino solo a 10.
Pero para evitar que los agentes permanezcan sin ser analizados, la Policía mantiene los procesos de evaluación normales a escala nacional.
Aunque la técnica es la misma de las pruebas para los agentes de frontera, lo que cambia es que las preguntas del polígrafo van direccionadas a las problemáticas de cada ciudad o provincia.
Otra alternativa para evitar la contaminación de los uniformados en el límite fronterizo fue reducir los tiempos de permanencia. Antes, en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos los agentes debían trabajar dos años para pedir el pase. Ahora, el tiempo de transición se fijó en un año de servicios.
Así, los uniformados no tienen contacto con las redes delictivas que operan en esos sectores. El uso de agentes de unidades especializadas como Antinarcóticos y grupos élites del GIR y del GOE es otra de las estrategias para identificar a malos elementos.
Por eso, entre los primeros miembros que fueron evaluados en San Lorenzo están agentes de estas unidades élite.
Uno de ellos es un mayor que pertenece a la Dirección Nacional de Inteligencia. Él fue quien intercambió mensajes y llamadas con alias ‘Guacho’, líder del grupo armado residual Óliver Sinisterra.
El uniformado tuvo contacto con el irregular desde noviembre del 2017. Él conoció de las amenazas de secuestros que el jefe de los disidentes lanzó contra personal civil.
Ahora, esas comunicaciones son investigadas por la Fiscalía. La Policía señala que el uniformado será sometido al polígrafo como todos sus compañeros.
Para las organizaciones de DD.HH. como Inredh, los procesos de evaluación de la Policía deben ser más ágiles.
Ellos dicen que es necesario conocer por qué en la frontera norte se llegó a tener ataques tan violentos como el coche bomba del cuartel policial de San Lorenzo, el 27 de enero.
Además, esperan que durante las pruebas de confianza también se investigue si existieron uniformados que conocieron sobre los secuestros y asesinatos de civiles o la vulneración de comunidades indígenas de la frontera.
En contexto
A finales de abril, el exministro del Interior, César Navas, anunció que
5 000 uniformados debían someterse al polígrafo. Actualmente, en las tres provincias fronterizas operan cerca de 3 660 agentes. Ellos también serán evaluados.