Los uniformados relacionados con bandas delictivas, con problemas de adicciones de drogas o graves actos disciplinarios serán dados de baja en un proceso de evaluación que desarrolla la Policía y el Ministerio del Interior. Así lo explicó hoy, miércoles 25 de marzo del 2015, el titular de este ministerio, José Serrano.
La última desvinculación de 93 policías se hizo ayer, martes 24 de marzo del 2015, en una ceremonia en Esmeraldas. Los exagentes prestaban servicio en ese provincia. Entre estos está un Teniente Coronel, investigado por el posible robo de dinero de la avioneta accidentada en el sector de Pedernales, en el 2012.
Este medida –explicó Serrano- se tomó luego de que los servidores no pasaran la ‘prueba de confianza’. Esta consiste en una evaluación de cuatro aspectos: el psicológico, toxicológico, la prueba del polígrafo y un informe socioeconómico. Este último es desarrollado por trabajadores sociales, quienes determinan si el salario del policía, frente a sus gastos y cargas familiares, como hijos, guarda relación con sus bienes y estados de cuenta.
Además, adicional a esto, Serrano informó que la Contraloría General abrió un informe especial sobre el patrimonio personal de los 45 000 policías que son parte de esa institución. Estos estudios no solo se aplican para el uniformado, sino también su esposa e incluso otros familiares en segundo grado de filiación.
Datos que este Ministerio presentó hoy detallan que en el 2014, fueron dados de bajo 377 oficiales, clases y policías que trabajaban en diferentes destacamentos del país. La mayoría, más de 200, tenían el grado de cabo primero y cabo segundo.
El principal motivo que terminó con la máxima sanción administrativa fueron las reincidencias indisciplinarías. Se contabilizaron 83 en este caso. 32 por drogas, 29 por extorsión, 24 por estado de embriaguez, 11 por una supuesta violación, etc.
El inspector General de la Policía, Juan Carlos Barragán, detalló que hasta el pasado 24 de marzo salieron 110 policías. E indicó que las ‘pruebas de confianza’ empezaron a aplicarse en Esmeraldas, luego de la muerte de un capitán de la Policía al parecer en manos de sus compañeros, quienes presuntamente transportaban droga en un patrullero.
Cortesía del Ministerio del Interior