En la vía a Mataje, la Policía y las FF.AA. realizan controles. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La violencia en la frontera norte obligó al Gobierno a reforzar a la Policía. Los cambios van desde la capacitación hasta la dotación de equipos e infraestructura. Para lograrlo, el Estado entregó USD 8 millones a la institución para la compra de nuevos insumos que permitan combatir a las organizaciones del narcotráfico y del terrorismo.
Lo primero que se hizo fue adquirir 200 fusiles Colt y 400 subfusiles de la misma marca. También se compraron 400 equipos de protección para los agentes (chalecos antibalas y cascos). Todo esto hace parte del modelo de gestión que la Policía implementará para la seguridad de la frontera. Así lo indica el comandante general Ramiro Mantilla. En una entrevista con este Diario, el máximo jefe policial dijo que los equipos son de origen estadounidense y que llegaran al país en 45 días. El análisis para la compra del armamento se hizo con base en un pedido de las unidades especiales del GIR, GOE y GEMA.
Precisamente, los agentes de estos tres grupos de élite, especialistas en rescate, operaciones especiales y antinarcóticos se trasladaron desde el pasado 27 de enero a San Lorenzo (Esmeraldas), para custodiar las poblaciones fronterizas. En total son 220 policías que dan seguridad a las instituciones y autoridades; y patrullan junto a los militares. Están distribuidos en grupos de 70 agentes que permanecen en la zona durante 15 días, hasta que son relevados.
El armamento y los equipos de protección no son las únicas necesidades que actualmente tienen los agentes. Los reportes que los policías hicieron a sus comandantes indican que se requiere también un sistema móvil de comunicación, pues no existe un contacto permanente con los uniformados que se adentran a las áreas selváticas. La Policía dice que ese sistema se está adquiriendo y que la característica que buscan es que funcione satelitalmente, para que tenga cobertura en cualquier punto.
Los agentes han reportado a las jefaturas que para el control del cordón fronterizo también se requieren drones. La idea es que con estos aparatos se pueda identificar a sospechosos y puntos que son utilizados para el tráfico de combustible, armas, droga, explosivos, etc.
La Policía ya ha mapeado las rutas que usan los narcotraficantes para transportar la droga desde Colombia. Pero tienen problemas para el control en estas, por falta de equipos especializados para mejorar las inspecciones.
Los investigadores sostienen que los ríos de Esmeraldas se convirtieron en canales importantes para mover los cargamentos de droga y cometer ilícitos.
Sin embargo, la Policía no cuenta con lanchas para estas tareas. De allí que Mantilla dice que en el nuevo plan de gestión se conformará una patrulla fluvial permanente. Esta unidad coordinará acciones con la Marina, pero la idea es que el control de los ríos esté a cargo de los agentes. En este momento ya se realizan los estudios para conocer qué tipo de embarcaciones se requieren para los patrullajes.
En las rutas terrestres también hay problemas. Los agentes no cuentan con escáneres móviles que les permitan identificar los vehículos que tienen cargas ilícitas. La compra de estos aparatos aún se analiza. Mientras tanto, los uniformados realizan controles en las principales vías de Esmeraldas. Con canes especializados inspeccionan los vehículos que transitan por esa provincia. Las mismas acciones se han desplegado en Carchi y Sucumbíos.
Esto ocurre porque al existir un fuerte contingente policial y militar en Esmeraldas, los narcos que operan en Nariño (Colombia) se quedaron sin su ruta de ingreso para el envío de droga.
De hecho, información de inteligencia policial y antinarcóticos revela que los grupos del narcotráfico han habilitado nuevas rutas por las dos provincias, para sacar los cargamentos que tienen represados desde enero. Según los datos de los agentes, en el cordón fronterizo colombiano operan cuatro estructuras importantes del narcotráfico. Las redes han montado corredores por el Putumayo para sacar la droga a Sucumbíos y llevarla a las costas de Manabí y Guayas. En cambio, por el Carchi acceden a las costas del sur de Esmeraldas, en donde tienen centros de acopio.
Por eso, la Policía ha movilizado agentes en las carreteras de las dos provincias para evitar el paso de los alcaloides. Sin embargo, los policías dicen que la tarea sería más efectiva con los escáneres móviles.
Otra estrategia que se plantea es habilitar seis puntos de control integrado. Uno estaría en Borbón (Esmeraldas). El objetivo es que en estos sitios haya personal de otros entes, como Aduana, Fiscalía y el Ministerio del Ambiente. Según Mantilla, el Estado ya habilitó un presupuesto para montar estos controles. Lo mismo ocurre con un cuartel antinarcóticos en San Lorenzo. El Estado entregó USD 2 millones para esta obra, que se espera se inicie este año.
En contexto
Desde el 27 de enero, cuando estalló un coche bomba afuera del Comando de la Policía de San Lorenzo, el presidente Lenín Moreno ha emitido tres decretos de estado de excepción para San Lorenzo y Eloy Alfaro, cantones fronterizos con Colombia.