Miembros de la Policía Nacional trabajan para determinar si existe una conexión entre los cuatro incidentes con explosivos ocurridos la última semana en Guayaquil. El más reciente fue el estallido de un coche bomba frente a la cárcel de máxima seguridad conocida como ‘La Roca’, en el norte de la ciudad.
La mañana del lunes 25 de abril de 2022, seis agentes buscaban pistas en un parqueadero de tierra que está frente al centro de detención. Su tarea no era fácil, la gente no respetaba la cinta de ‘no pasar’ y caminaba por encima de las evidencias.
Los agentes habían fijado banderas amarillas y rojas en cada una de las pistas. Lo que se sabía hasta el momento era que un Aveo Family con placas de Manabí explotó cerca de las 03:00 de ayer.
Se presume que cuatro personas participaron en el acto. Dos iban en el vehículo y dos conducían las motos, en las que se alejaron del lugar antes de la explosión.
Mientras los policías recogían indicios, los vecinos del lugar intentaban acomodar sus locales. La zona de la explosión era utilizada como parqueadero y servía como sitio donde los visitantes de los detenidos pueden dejar encargados bolsos y otros objetos que son prohibidos en la cárcel.
La tarea de los policías era como armar un rompecabezas de miles de piezas. Las partes del vehículo quedaron regadas en un espacio de 60 metros de largo por 12 metros de ancho. Muchas, incluso, traspasaron la vía de cuatro carriles que une Guayaquil con Daule, y llegaron a la entrada de la cárcel.
Ese fue el último evento con explosivos que se registró en la ciudad. Dos días antes, el sábado 23, un artefacto explotó en el parqueadero del personal que trabaja en la Penitenciaría del Litoral, sin causar víctimas.
El pasado 20 de abril, la explosión de un artefacto en las inmediaciones de la Regional dejó tres heridos leves. Todos estos ataques se dan en los alrededores del complejo penitenciario ubicado en el norte de Guayaquil, que cuenta con vigilancia policial y militar.
Amenazas y capturas
El fin de semana se lanzaron panfletos al interior de un canal de televisión incautado por el Gobierno. En los papeles se amenazaba al ministro del Interior, Patricio Carrillo, y se hacía alusión a las disputas entre las bandas delincuenciales que operan en el país.
La amenaza se dio a pocos días de la captura de integrantes de una de estas organizaciones, que operaba básicamente en el cantón Durán. Según las autoridades, serían los responsables de los cadáveres colgados en un puente peatonal a la entrada de esta población y de una serie de decapitaciones.
Las investigaciones policiales apuntan a que los detenidos serían responsables de la colocación de explosivos en el exterior de un Complejo Judicial en el norte de Guayaquil, donde se iba a desarrollar la audiencia de uno de los cabecillas de la banda rival.
Pentolita en la Corte
El miércoles 20 de abril, la Policía Nacional evacuó las instalaciones del Centro Comercial Albán Borja, donde funciona una Unidad Judicial, tras detectar dos cajas con presuntos elementos explosivos en el estacionamiento.
Los investigadores consideran que la colocación de los explosivos fue más para postergar la audiencia que para atentar contra la vida del segundo al mando de una de las bandas delincuenciales que operan en el país. Al final, el acto jurídico no se suspendió y el presunto cabecilla fue beneficiado con un habeas corpus parcial, que en cuestión de horas se transformó en arresto domiciliario.
El explosivo que se encontró fue pentolita, de uso común en la actividad minera. El incidente hizo que la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, pidiera que se declarase en emergencia al sistema judicial debido a la inseguridad que enfrentan los trabajadores de la justicia y el abuso de los habeas corpus.
