Empleados del Fondo de Cesantía se negaron a desalojar las instalaciones de la entidad, en Guayaquil, tras una intervención de la Policía y autoridades del IESS. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Un escuadrón de policías reguarda las oficinas del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), ubicadas en el centro de Guayaquil.
La noche de ayer 14 de mayo de 2015 se realizó la intervención por parte de la Superintendencia de Bancos y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Esto debido a supuestas irregularidades en el manejo de los recursos por parte de la entidad, como lo habría determinado un informe de auditoría.
Se buscó aplicar la medida en medio de la resistencia de un grupo de empleados del fondo, quienes se tomaron las instalaciones en señal de protesta.
El 19 de marzo pasado se cumplió el plazo para las auditorías a 36 fondos complementarios que se registran en el país. Los directivos del FCME demostraron su inconformidad en cuanto al traspaso del fondo de los maestros al Estado.
Empleados del Fondo de Cesantía se negaron a desalojar las instalaciones de la entidad, en Guayaquil, tras una intervención de la Policía y autoridades del IESS. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Según la entidad, sus recursos han pasado “de USD 15 millones a USD 430 millones, hemos entregado 300 000 créditos, hemos construido 38 ciudadelas con más de 8 000 familias beneficiadas, hemos liquidado a 30 000 jubilados con USD 90 millones en efectivo, no en bonos”, como cita un comunicado colgado en la página del Fondo de Cesantía, creado en 1991 y que suma unos 122 000 usuarios.
La intervención se realizó, según la autoridades, acorde con las disposiciones de la Ley Reformatoria a la Seguridad Social y basados en la Constitución.