17 de octubre de 2019 16:10

Policía dice que no ha pedido ningún impulso fiscal desde la fecha en que denunció a dirigentes indígenas y sindicales

En Quito, 10 policías fueron entregados por el movimiento indígena a la ONU, la noche de este jueves 10 de octubre de 2019. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

En Quito, 10 policías fueron entregados por el movimiento indígena a la ONU, la noche de este jueves 10 de octubre de 2019. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

El documento tiene seis páginas. Se trata de una denuncia que la Policía interpuso en contra de los dirigentes indígenas luego de que retuvieran a un grupo de gendarmes y los presentarán ante sus bases en el Ágora de la Casa de la Cultura.

Entre los denunciados está los siguientes dirigentes:

El presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi, Agustín Casiqueando

El presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas

El presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay

El presidente del FUT, Mesías Tatamuez

El presidente de la Unión de Organizaciones Indígenas Campesinas de Cotacachi, Luis Alfonso Morales.

Según la queja judicial, el jueves 10 de octubre del 2019, en medio de las protestas por las medidas económicas, unas 200 personas, armadas con palos, piedras y otros objetos cortopunzantes obligaron a los uniformados a despojarse de los bienes, como cuatro motos, cuatro radio motorolas, entre otros.

En la denuncia, la Policía sostiene que contra su voluntad obligaron a los gendarmes a ingresar al Ágora y que allí Jaime Vargas, de la Conaie, agredió verbalmente, “vejándolos, retirándoles parte de su vestimenta policial, imputándolos hechos que desconocen, responsabilizándolos de los indígenas fallecidos, obligándolos a portar vestimenta e indumentaria, símbolos que caracteriza al movimiento indígena”.

Por eso, la entidad policial habla en la denuncia de un presunto delito en contra de la libertad personal, “al secuestrar o retener ilegal e ilegítimamente a servidores policiales”. Y pide que proceda a realizar las investigaciones pertinentes “para evitar que este tipo de actos queden en la impunidad”.

Este 17 de octubre del 2019, la Policía dijo que desde la fecha de la denuncia no ha solicitado “ningún impulso fiscal”.

Indicó que la acción legal fue interpuesta en el momento en que se conoció que un grupo de agentes estaba retenido contra su voluntad. “Se trata de un procedimiento recomendado en el caso de presumir un delito”, indica la entidad.

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