La policía surcoreana desplegó el viernes 10 de marzo del 2017 un amplio dispositivo de seguridad en torno al Tribunal Constitucional y a la oficina presidencial en Seúl, ante las concentraciones previstas con motivo de la esperada sentencia sobre el futuro de la presidenta Park Geun-hye.
Unos 21 600 agentes han acordonado la máxima instancia judicial surcoreana, la Casa Azul (sede de la presidencia) y otras dependencias gubernamentales en pleno centro de la capital, con motivo de las manifestaciones a favor y en contra de Park convocadas durante la jornada.
Esta previsto que el Constitucional anuncie el viernes, a las 11:00 hora local (2:00 GMT), si ratifica la destitución de Park aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre por su rol en el escándalo “Rasputina” que ha sacudido el país desde el pasado otoño.
Grupos de ciudadanos de ambas facciones han llamado a celebrar nuevas manifestaciones una vez se conozca esta decisión judicial que será televisada en directo a nivel nacional, tras las concentraciones convocadas durante los últimos días que transcurrieron sin incidentes destacables.
La amplia mayoría de los surcoreanos está a favor de la destitución de Park, según diversas encuestas recogidas por la agencia nacional Yonhap, que apuntan a un respaldo popular a esta decisión del 70 por ciento.
En caso de dar luz verde a esta medida, el Constitucional despojaría a Park de su inmunidad, obligaría a convocar elecciones presidenciales en un plazo inferior a 60 días y permitiría que la fiscalía interrogara a la presidenta sobre su papel en la amplia trama de corrupción.
También sería la primera vez que Corea del Sur destituye a un jefe de Estado y adelanta los comicios presidenciales desde que el país volvió a celebrar elecciones democráticas en 1987 tras el mandato de dos juntas militares (una de las cuales lideró el general Park Chung-hee, padre de la actual presidenta).
La fiscalía considera que Park y su amiga Choi Soon-sil, de 60 años y encarcelada desde noviembre, se confabularon para presionar a Samsung y a otros grandes conglomerados empresariales surcoreanos para que realizaran donaciones a organizaciones vinculadas a la “Rasputina” a cambio de un trato favorable de las autoridades.
Las conclusiones del Ministerio fiscal que ha investigado el caso señalan a la presidenta como sospechosa de los delitos de soborno, tráfico de influencias y abuso de poder.