El 31 de mayo, los policías realizaron operativos de vigilancia en la Penitenciaría del Litoral, para evitar más violencia. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Tras la ola de violencia que se desató en las cárceles, las investigaciones determinaron que 80 cabecillas manejaban bandas delictivas en la Penitenciaría de Guayaquil y en las prisiones de Cotopaxi, Turi de Cuenca, Quevedo y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Ahora, ellos están aislados en los pabellones especiales de máxima seguridad. Esta disposición fue decidida por la Policía y la Dirección de Rehabilitación.
A partir del 27 de mayo, con la emisión del Decreto Ejecutivo 754, en el que se fijaron los parámetros del estado de excepción en el sistema penitenciario, los policías recibieron la orden de ingresar a los reclusorios del país para apoyar el trabajo de los guías.
Por eso, personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) recibieron la disposición de vigilar a estos 80 jefes de las mafias y de mantenerlos separados, de acuerdo con su nivel de peligrosidad.
Esta tarea se podrá ejecutar durante los 60 días que dura la declaratoria de excepción. Es decir, si en este tiempo se presentan más brotes de violencia, los agentes pueden actuar.
Personal de la Dirección de Rehabilitación indicó que la idea es reducir los niveles de violencia y “pacificar las cárceles”. Datos de esa institución señalan que de enero a mayo de este año se han reportado 15 muertes violentas en los centros carcelarios del país.
Estos decesos han sido provocados por riñas entre bandas que se disputan el control de los pabellones para vender droga y cigarrillos y para proteger a miembros de un mismo grupo, que son detenidos y llegan a las celdas.
Oficiales de Policía analizan la posibilidad de que 35 presos más sean trasladados a Guayaquil, Cuenca y Cotopaxi.
“Los que cometan hechos de violencia o cometan actos ilegales serán identificados y trasladados”, dijo un oficial.
Actualmente, los sitios donde son reubicados tienen una capacidad para 150 reclusos.
Hay celdas unipersonales para que los cabecillas no tengan contacto entre ellos ni con otros detenidos.
Además, la disposición es que pasen encerrados la mayor parte del día y que salgan al patio solamente dos horas.
Según la Policía, la intención de poner a los grupos élite es evitar que los líderes accedan a celulares, armas de fuego, cuchillos, droga y alcohol.
Datos de la Fiscalía muestran que el año pasado hubo 1 917 denuncias por ingresar objetos prohibidos a los centros de rehabilitación del país.
Las cárceles en donde se producen más casos son precisamente el Turi, la Penitenciaría del Litoral y la regional de Cotopaxi.
Los agentes también podrán realizar requisas y revisar las celdas para los decomisos.
En el Decreto Ejecutivo 741 se dice que estas tareas se ejecutarán únicamente “en casos de extrema necesidad”.
Por ejemplo, en una primera intervención policial, en Guayaquil se hallaron armas ocultas en las paredes de las celdas.
En los pisos se hallaron navajas, cocaína, heroína y marihuana. Además, aparecieron tarjetas SIM para celulares.
Una vez tomada la decisión, los primeros en ser aislados fueron los que protagonizaron el ataque del 30 de mayo del 2019 en la cárcel del Puerto Principal. Es decir, gente que manejaba a Los Cubanos, Los Lagartos, Los Gorras y Los Choneros.
Ese día fueron atacadas mortalmente seis personas, una fue incinerada.
Los detenidos salieron a los patios, mientras un helicóptero de la Policía sobrevolaba el centro carcelario.
Según las investigaciones, la disputa entre Los Gorras y Los Choneros también provocaron que el pasado 13 de abril otras dos personas fueran asesinadas. Otros siete presos resultaron heridos.
Una situación similar ocurrió el pasado 7 de mayo en Cotopaxi. Alias ‘Negro Jessy’ fue asesinado a puñaladas por dos detenidos. Actualmente, la Fiscalía investiga si el motivo del crimen fue un presunto ajuste de cuentas y pugnas de poder entre Los Cubanos y Los Choneros.
En contexto
El 16 de mayo pasado, el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción en el sistema penitenciario. El objetivo fue reducir el hacinamiento, la inseguridad y la violencia. Sin embargo, en Guayaquil se produjeron ocho asesinatos y tres fugas.