Polémica ley laboral juvenil corre el riesgo de ser anulada en Perú

Una polémica ley de empleo juvenil podría ser anulada por el Congreso del Perú debido a la presión que crece en determinados sectores que la rechazan y ante el retiro del apoyo por parte de miembros del oficialismo.

Según fuentes parlamentarias, 12 de los 26 miembros de la Comisión Permanente, que ejerce las funciones del pleno congresal durante el actual receso de sesiones, apuestan por la nulidad de la norma, lo que significa que solo restan dos votos más para que sea eliminada.

La resistida ley, contra la que protestaron miles de jóvenes en reiteradas oportunidades desde diciembre pasado, recorta los derechos laborales de trabajadores de 18 a 24 años con el fin, según el gobierno, de estimular a patrones que tienen obreros de esa franja de edad para que regularicen la situación.

La Comisión Permanente se reunirá el 28 de enero para debatir ocho proyectos que plantean anular, modificar o postergar la vigencia de la ley. Hasta el momento, solo seis miembros oficialistas de ese grupo de trabajo han asegurado que mantendrán la defensa de la cuestionada norma.

"Gana Perú (bancada oficialista) ha defendido y promovido la norma y lo seguirá haciendo. No se puede, en estos momentos, por el facilismo mediático, decir 'ya no estoy de acuerdo'", sostuvo el portavoz de ese partido, Josué Gutiérrez.

Sin embargo, uno de los más destacados miembros del oficialismo, el parlamentario Sergio Tejada, forma parte de los 12 votos a favor de la derogación de la llamada "Ley Pulpín". El congresista ha manifestado sentirse "incómodo" con la norma y afirmó que se apartará de la agrupación si no es anulada.

Por su parte, el expresidente Alan García también se expresó hoy contrario a la medida. "La ley Pulpín, que causa el rechazo de la juventud y el temor de los mayores, debe ser derogada cuanto antes para apagar un foco de tensión", escribió en Twitter el ex mandatario, líder del centroderechista Partido Aprista, cuyos parlamentarios se encuentran entre los que votarán a favor de anular la norma.

El gobierno del presidente Ollanta Humala se mantiene inflexible en defensa de la propuesta legislativa, que según los contradictores es impulsada por la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, la organización patronal más fuerte del Perú.

Organizaciones civiles, sindicales y universitarias han convocado una quinta protesta el mismo día en que se debatirá la norma. Aunque las tres primeras movilizaciones se realizaron en considerable calma, la última fue la mayor y más traumática, que degeneró en violencia y enfrentamientos con la Policía.

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