La fiscal Claudia Romero investiga el caso. Ella lleva otros procesos de corrupción de funcionarios públicos. Foto: archivo EL COMERCIO
La Fiscalía tiene 90 días para investigar los presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en el Ministerio del Interior.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló el jueves 2 de noviembre del 2017 por la noche. Ahí se levantaron cargos en contra de cuatro personas por el supuesto delito de concusión.
Entre los sospechosos están dos funcionarios de esa secretaría de Estado, un asistente de la Asamblea Nacional y una extranjera.
Según la fiscal Claudia Romero, los cuatro se habrían asociado y aprovechado de sus cargos públicos para exigir pagos a proveedores del Ministerio del Interior. Por eso, ella pidió la prisión preventiva y la apertura de la instrucción fiscal.
Como parte de las evidencias presentó audios en donde supuestamente se escuchan las conversaciones telefónicas de los implicados. Los abogados de los cuatro procesados dijeron que no existen pruebas para asegurar que las voces pertenecen a sus clientes.
La fiscal también detalló que existen contratos con irregularidades, entre ellos están la compra de caballos, el ingreso de vehículos, el cambio de kilometraje de carros, la adquisición de chalecos, municiones y autos. Los contratos fueron analizados por la Contraloría.
Pero, ¿qué cargos ocupan los funcionarios? La Fiscalía señala que se trata del actual director financiero del Ministerio y de un director administrativo. La esposa de este último también está dentro del proceso.
En cambio, el funcionario de la Asamblea Nacional, en su versión, detalla que es gestor de una casa legislativa.
Ellos no serían los únicos implicados en el caso. En la formulación de cargos, la Fiscalía dijo que los hechos que se investigan datan desde el 2014.
De allí que también se pidió la detención de una excoordinadora financiera del Ministerio del Interior y de su esposo de ese entonces.
Ella trabajó en la entidad hasta el 15 de noviembre del 2015, como consta en el expediente de la Fiscalía. La exfuncionaria habría ordenado la compra de los caballos y bienes de Yachay. La jueza Geovanna Palacios escuchó la exposición de la fiscal en la audiencia.
La investigadora indicó que tanto la exfuncionaria como su esposo ya salieron del país. Según las indagaciones, la mujer no manejaba cuentas bancarias y tampoco registraba bienes a su nombre. “Todo se manejaba a través de su esposo”, dijo la fiscal Romero.
Luego de estas aseveraciones, la investigadora contó que ha sufrido dos atentados. Eso fue ratificado por la Fiscalía General del Estado. Carlos Baca Mancheno ordenó que se investiguen las intimidaciones y presiones que fueron denunciadas. Y que se abra una investigación por suspuesto tráfico de influencias.
La jueza no dio paso al pedido de prisión preventiva. En su lugar dispuso que los cuatro procesados se presenten de forma periódica ante un juez y se les prohibió la salida del país. “La prisión preventiva es de último ratio, no estoy de acuerdo con la decisión de la fiscal”. De ahí la Jueza ordenó la libertad inmediata de Byron Z., Boris P., David Y. y María E., debido a que “no se encuentran justificados los elementos de convicción para dictar prisión preventiva”.
La Jueza dijo, además, que la “Fiscalía debe tener claro el delito formulado” y la cuestionó por “no pronunciarse por otras medidas”, debido a que ahora “existe un incentivo de fuga”. En ese marco, Palacios ordenó la instalación de un dispositivo electrónico, mientras dure la etapa de instrucción fiscal.
El 1 de noviembre pasado, la Fiscalía recibió autorización para efectuar nueve allanamientos en domicilios en El Condado y Cumbayá.
También en un edificio en la av. De los Granados y en oficinas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, en Quito, por este caso. Así se pudo capturar a los cuatros sospechosos.