Hasta el año anterior, en la farmacia del HCAM se despachaban más de dos millones de recetas a pacientes. Foto: archivo / EL COMERCIO
No es la primera vez que en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del Seguro Social, se habla de medicamentos caducados. En 2019, la actual gerencia denunció un perjuicio de casi USD 7 millones del 2012 al 2018, por lo que Fiscalía empezó una indagación. Un año después, el presidente del Directorio del IESS, Jorge Wated, anunció lo propio, pero con cifras diferentes.
Entre el 13 y 16 de octubre, Wated -quien asumió en mayo la Dirección- informó que en más de 10 casas de salud detectaron USD 5,7 millones en fármacos que expiraron, de 2016 a 2020. El hospital con más pérdidas supuestamente es el HCAM, en donde al año se brindan más de 2 millones de atenciones, según datos del 2019. Allí, sostuvo Wated, las pérdidas alcanzan los USD 2,5 millones (43,8% del total).
“Esa cifra no corresponde a los fármacos caducados que denuncié en Fiscalía; peor aún al período 2018 al 2020”, aclaró el gerente general, Juan Páez.
El cardiólogo Páez está al frente del HCAM desde abril del 2018. Se ausentó a partir del 21 de junio, cuando ingresó a terapia intensiva, con covid-19.
Estuvo 115 días hospitalizado y aún convalece, por lo que lo subroga el médico Darío Mora (exdirector del IESS de Naranjal y Quevedo y del Teófilo Dávila, de Machala).
A pocos días de recibir el alta, aún en cama, detalló, con documentos, que el monto de fármacos vencidos en su gestión llega a USD 76 225,95. Y corresponde a medicamentos que no pueden ser canjeados o cambiados.
Se debe a varios factores, según certificó el Jefe de Bodega, el 20 de octubre.
Fueron donaciones, préstamos de otras instituciones que solo puede canjear el hospital que los compra e, incluso, fórmulas que se adquirieron a la extinta Enfarma.
A esto se suman USD 154 498,04 en medicinas caducadas en bodega, pero en proceso de canje. Las cifras constan en el memorando No. IESS-HCAM-JABCA-2020-2504-M, de octubre.
¿Qué pasó antes de su gestión? En el documento se muestra un prejuicio de USD 386 064,78, entre 2016 y 2017.
Debido a las denuncias de Páez, Fiscalía comenzó el 9 de julio del 2019 una investigación previa por presunto peculado por USD 6,5 millones: USD 5,4 millones en 1 904 lotes de insumos y USD 1,1 millones en 114 lotes de fármacos.
Actualmente, Fiscalía continúa realizando las diligencias en este sanatorio de Quito. Hay siete indagaciones más.
Consultado sobre el tema, Wated aseguró que la cifra mencionada, es decir, los USD 5,7 millones, se obtuvieron como producto de sus investigaciones y de los informes de bodega de cada hospital. “Tenemos datos en función de los informes… Esto no es contra el HCAM ni nadie… Con el tiempo se verá cuándo se caducaron, quién lo hizo, etc.”.
No presentó cifras ni documentos, frente a los pedidos de información de este Diario al IESS, el 19 y 23 de octubre. Tampoco se respondió a las preguntas planteadas. En una breve respuesta enviada el viernes último, Comunicación dijo que entre las acciones para visibilizar esta problemática habrá recorridos por las bodegas con los medios.
A Páez le preocupa que mientras convalece se haya decidido “pagar y dejar sin efecto el estado de contratista incumplido de farmacéuticas o entregar a préstamo altas cantidades de medicamentos al Teodoro Maldonado”.
También le preocupa que se haya manipulado los fármacos caducados, sin que se haya efectuado el peritaje.
Para Wated, el conflicto responde al sistema de compras de medicamentos que mantiene el IESS. “No había planificación porque cada hospital era un gobierno independiente (adquiría las medicinas de forma individual)”. De eso habló ya su antecesor, Paúl Granda.
Eso -asegura- cambiará con el Decreto 1033, para la compra corporativa y centralizada del 70% de fórmulas, básicas y costosas. Exige la contratación del servicio de almacenamiento, distribución y entrega.
Este proceso está a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Este Diario solicitó el 4 de noviembre un detalle sobre el tema; hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
Para Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, y Gustavo Dávila, de la Alianza Nacional por la Salud, el IESS arrastra problemas estructurales graves, como la corrupción o la falta de representación de los trabajadores, que permite que se lo haya usado como caja chica por años.
Además, Dávila señala que es “indignante que se haya dejado caducar medicinas, con las cuales se pudo salvar la vida de los pacientes”. Espera que finalmente las denuncias “no caigan en saco roto”.