El hermano mayor del Presidente de la República nuevamente concentra las críticas hacia el Gobierno. Antes fue por su actuación en temas petroleros, ahora es por mantener contratos con el Estado. A fines de 2008, Fabricio Correa fue salpicado por un escándalo por supuestamente colaborar en un contrato petrolero con Ivanhoe. Pero salió bien librado.
Pero esta vez, una investigación de Diario Expreso de Guayaquil hizo pública la adjudicación de contratos del Estado a empresas de Correa, presuntamente por más de USD 80 millones. Esto desencadenó la apertura de indagaciones en la Contraloría, la Secretaría de Transparencia y el ‘Congresillo’.
Un conflicto ético
En este caso, la norma no restringiría a Correa la adjudicación de contratos, el tema, para expertos, pasa por un conflicto ético. Según el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mauro Terán, la firma de contratos puede significar un tráfico de influencias. Por su parte, Fabricio Correa aseguró en entrevista a Teleamazonas que los contratos que se suscribieron fueron obtenidos luego de someterse a un concurso público de ofertas. Además, sostuvo que no ha habido tráfico de influencias para conseguir las obras.
Correa, quien no atendió a las llamadas de EL COMERCIO, puntualizó en la televisora que solo obtuvo un 25% de las licitaciones en las que sus empresas participaron. Y recalcó que no ha violado ninguna norma de la contratación pública.
Punto de vista
‘Se prohíben estos contratos’
Alfredo Corral Borrero / ex Contralor del Estado
“El Art 62 de la Ley de Contratación Pública prohíbe que los familiares del Presidente de la República no pueden firmar contratos con el Estado. Es decir, que los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad no pueden celebrar contratos. Muchas adjudicatarias no son propiedad del señor Correa, es cierto, pero entonces hay que verlo desde la ética.