Pobladores que fueron desplazados de El Pan permanecen en casas de sus familiares. Foto: EL COMERCIO
San Lorenzo amaneció nublada este jueves, 22 de febrero del 2018. Al mediodía, ya con el cielo despejado, un Super Tucano sobrevoló la ciudad y otras zonas rurales de la frontera de Esmeraldas. Este avión, asignado a la FAE, vigila permanentemente estos puntos.
Los sobrevuelos se incrementaron desde el fin de semana, luego de que se produjera el primer enfrentamiento entre militares ecuatorianos y grupos armados de Colombia.
“Son nuestros ojos en el aire. Recorren día, tarde y noche los lugares fronterizos. Incluso hacen fotos de la zona”, comenta un oficial de las FF.AA.
El Super Tucano es una aeronave diseñada para ataques ligeros y entrenamiento. En el 2010, Ecuador compró 18 a Brasil. En ese entonces se dijo que su principal misión sería el control de la frontera norte.
Estos aviones tienen un sistema de navegación por sensores electro-ópticos e infrarrojos, que les permite volar en la noche. EL COMERCIO constató el vuelo en zonas cercanas a Guadalito, Corriente Larga, La Cadena y El Pan, en donde se registraron los enfrentamientos armados. Mientras eso ocurre en el aire, otros soldados vigilan la frontera por tierra. Este jueves, por ejemplo, militares mantenían el retén que fue montado en Guadalito. Este es el único pueblo al que se puede llegar, debido a la restricción que hay hacia El Pan.
Sus 200 habitantes ya llevan entre dos, tres y cuatro noches en San Lorenzo, zona de refugio tras los ataques armados.
Los militares les pidieron que desalojaran cuanto antes el lugar. Albeiro Caicedo, de 30 años, permanece desde el martes (20 de febrero) en San Lorenzo. Salió del pueblo con lo que traía encima: una camiseta, la pantaloneta y botas de caucho.
Ahora ‘mata’ el tiempo mirando tele o jugando con sus hijos pequeños. En El Pan se dedicaba a la extracción de madera. Hoy no tiene ningún ingreso económico. “Nos preocupa esta situación. Pedimos a las autoridades que nos permitan ingresar al pueblo y sacar nuestra ropa, nuestros animales”, comentó ayer jueves.
Sus familiares lo acogieron mientras la situación se normaliza. Allí permanece con su esposa y otros parientes que abandonaron la comunidad.
Mónica Caicedo también está albergada en esa casa. Tiene cinco hijos. Su esposo y otros dos parientes fueron detenidos el martes porque supuestamente tienen relación con los ataques, relató. “No sabemos nada, solo que se los llevaron a Esmeraldas. Mi marido es motosierrista. Son campesinos inocentes y ahora se los acusa de algo que no son”.
En ese inmueble también está refugiada Vannesa Caicedo. Ella es madre soltera y tiene dos niños, uno de tres años y otro de 9 meses. Todos exigen lo mismo: que las autoridades les permitan llegar a El Pan para sacar sus animales y ropa.
En otra casa de San Lorenzo está refugiada Aura Cantincús.
Tiene siete hijos. Allí convive con otras 10 personas que huyeron de El Pan. Allí dejaron a sus pollos y cerdos y ahora temen que mueran de hambre.
En el pueblo, la comunidad se dedicaba a la extracción de madera y a la agricultura. Por 500 tablas de madera recogida se ganaban entre USD 100 y 150. La gente sabe que la tala de árboles está prohibida en la zona, pero dicen que es de los pocos ingresos que tienen. “Si no lo hacemos, de qué vivimos?”, comenta un habitante.
María Tenorio vivía de la venta de comida en El Pan. A su comedor llegaban jornaleros de Mataje Alto y otros poblados cercanos. Ahora no tiene ingresos. Ella salió de la comunidad el domingo, luego del primer enfrentamiento armado. Dejó toda la comida que tenía preparada. “Seguramente ya está podrida”, dice. El miércoles, la Alcaldía y la Secretaría de Gestión de Riesgo entregaron kits de alimentos y aseo a las familias desplazadas.
Bienes de las FARC
Para abordar el tema de la frontera, el fiscal General Carlos Baca y autoridades militares y policiales de Ecuador se desplazaron ayer a Colombia para coordinar acciones conjuntas. Por la tarde, el fiscal de ese país, Néstor Humberto Martínez, adelantó que entregará a la Fiscalía ecuatoriana la lista de las propiedades que las FARC aparentemente manejan en zonas de Ecuador.
El funcionario advirtió que los bienes incluidos en ese listado son derivados de las actividades ilícitas que realizaban.
Desde el 2017, la Fiscalía de Colombia ha confiscado USD 700 millones que la exguerrilla no incluyó en la declaración de sus bienes una vez firmó el proceso de paz con el Gobierno, en noviembre de 2016. El gobierno de Juan Manuel Santos ha calificado esto como una “falta gravísima”.
En contexto
El 15 de febrero se reunieron los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno; y de Colombia, Juan Manuel Santos, y acordaron trabajar de forma conjunta, para combatir el crimen organizado y la violencia que generan los grupos ilegales de Colombia.