17 de septiembre de 2019 12:49

El Pleno de la Corte Constitucional sesiona para definir sobre las consultas mineras

En estas semanas se ha realizado diferentes movilizaciones, tanto a favor como en contra del tema de la consulta popular acerca de la minería en la provincia de Azuay. Foto:Patricio Teran/ EL COMERCIO

En estas semanas se ha realizado diferentes movilizaciones, tanto a favor como en contra del tema de la consulta popular acerca de la minería en la provincia de Azuay. Foto:Patricio Teran/ EL COMERCIO

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Daniel Romero

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La atención de los sectores mineros y opuestos a la minería se concentra en la Corte Constitucional (CC). Cerca de las 10:30 de hoy, martes 17 de septiembre del 2019, se instaló la sesión del Pleno para tratar los pedidos de consultas mineras.

La resolución sobre los dos pedidos de consulta popular sobre minería, uno del prefecto del Azuay, Yaku Pérez y otro del alcalde del cantón Ponce Enríquez (Austro) eran los primeros puntos para tratar según el orden del día.

Pérez pidió un dictamen previo de constitucionalidad sobre la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles del Azuay?

El objetivo de esta consulta, según Pérez, es limitar la minería metálica en el Austro.


Por su parte, el alcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, pidió un control constitucional a la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo que en la jurisdicción del cantón Camilo Ponce Enríquez se desarrolle la actividad minera metálica en todas sus fases legalmente otorgadas por los organismos competentes, respetando el medioambiente y los recursos hídricos, conforme a la Constitución de la República, las Leyes y más normativas conexas?

El juez constitucional, Ramiro Ávila, fue recusado del tratamiento de este tema. Hernán Salgado, presidente de la CC dio paso al pedido hecho por Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.

En su pedido, Alarcón argumentó que Ávila ha sido parte de procesos legales en contra de la minería como "amigo de la causa" (amicus curiae). También planteó que existen pronunciamientos públicos de este juez en contra de la minería.

Con base en el artículo 175 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, Salgado resolvió "aceptar el pedido de recusación al haberse demostrado que el juez Ávila incurre en la causa prevista".

El artículo 175 de esa ley plantea que:

"Son causales de excusa obligatoria para la jueza o juez de la Corte Constitucional tener ella o él, su cónyuge o conviviente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso".

Desde la mañana de hoy, las organizaciones que están a favor de la consulta antiminera en Azuay se concentraron en los bajos de la CC en el norte de Quito. Con banderas, música y carteles pidieron que el máximo órgano de interpretación de la Constitución se pronuncie a favor de la consulta.

Tanto el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, como el Ministerio de Recursos No Renovables han señalado que respetarán la decisión de la CC.

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